Comuneros exigen con plantón que “preso político” siga en la cárcel

OAXACA, Oax., 20 de agosto de 2017.- Un grupo de comuneros de San Miguel Aloapam, en la Sierra Juárez de Oaxaca, instalaron un plantón para exigir sentencia condenatoria en contra de un reo a quien señalan de asesinar a un habitante de esa localidad.

En el exterior del Centro de Readaptación Social (Cereso) de la Villa de Etla, autoridades agrarias manifestaron que Pablo López Alavés, identificado como ambientalista y preso político de CNTE, es respaldado por organizaciones como el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, CIPO y diferentes grupos defensores de derechos humanos.

El presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Aloapam, Lino Cruz Alavez, indicó que la protesta de los habitantes inició el pasado viernes y permanecerá por el tiempo que tarde el juez que lleva el caso en dictar la sentencia.

Señaló que el presunto homicida fue detenido el 15 de agosto de 2010 pero organizaciones como el CIPO y la Sección 22 lo quieren liberar por medio de presiones políticas y movilizaciones, llamándolo “defensor de los bosques” lo que, aseguró, es totalmente falso.

Manifestó que piden a las autoridades revisar a fondo el proceso y los antecedentes de Pablo López Alavés, pues temen que por presiones de los grupos políticos mencionados sea liberado.

“No sé por qué los derechos humanos están a favor de un asesino”, apuntó el presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Aloapam.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó en días pasados al Gobierno de Oaxaca la liberación del defensor del medio ambiente en la Sierra Norte, Pablo López Alavez al considerar injusto su encarcelamiento ocurrido hace 7 años.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas resolvió que la privación de la libertad de Pablo López Alavés es arbitraria, por contravenir los artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los artículos 14, 19, 21, 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos que son vigentes en nuestro país.

Pablo López Alavez  en el homicidio de Marín Jiménez Santiago, en los hechos de violencia registrados el 18 de julio de 2007 en esa comunidad de la Sierra Norte.