Comunidades indígenas en contra de la ley de Seguridad Interior 

Morelia, Mich., 11 de diciembre de 2017.- Cada vez son más voces las que se pronuncian en contra de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, y más allá de cualquier posicionamiento, México ha caído en el error en que vive tiempos de imposición, donde  el Poder Legislativo ha dejado de representar a la sociedad y es parte de intereses de partidos y grupos de poder.

Las comunidades indígenas de Michoacán también han manifestado su preocupación por que existe el riesgo de criminalizar la protesta social.  “Aunque la iniciativa   fue aprobada por la Cámara de Diputados y  está a la espera  de que ocurra lo mismo en la Cámara de Senadores, no faculta al Ejército para intervenir en manifestaciones sociales o políticas,  sin embargo, la amenaza es latente porque  se abrirían las puertas para la militarización”, afirmó el asesor del Concejo Supremo Indígena de Michoacán, Pavel Guzmán.

El Concejo Supremo está integrando por autoridades comunales purépechas, nahuas y mazahuas de pueblos como Caltzontzin, San Felipe de los Herreros, Cocucho, Zirahuén, Pichátaro, Apo del Rosario, Santa Fe de la Laguna, Huecorio, San Ángel Zurumucapio, Zopoco, Carapan, Pamatácuaro, Sicuicho, Cuanajo, Sevina, Urapicho, Corupo, Pichátaro, Santa Fe de la Laguna, Uruapicho, Ostula, Naranja de Tapía, entre otros, que anunciaron se movilizarán la próxima semana.

Pavel Guzman dijo que la propuesta viola el derecho que tienen las comunidades indígenas a la consulta libre, previa e informada, sobre cualquier política pública que los afecta, y viola artículo 30 de la declaración de la ONU sobre derechos indígenas que manifiesta: “los estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por lo procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”, eso significa que para que el ejército pueda entrar a las comunidades deben consultar a los pueblos,  pero no lo han hecho, a pesar de que no hay ninguna ley, y han colocado retenes donde quiera, dijo el dirigente purépecha.

“También es contrario a la Artículo 21 de la Constitución Mexicana que señala que la seguridad pública es responsabilidad exclusiva de las fuerzas civiles. Manifestamos su rechazo porque es violatoria de derechos constitucionales ya que pretende  militarizar al país”.

En tanto, el dirigente del Movimiento Indígena de Michoacán, Abundio Marcos Prado afirmó que la mayoría de los pueblos indígenas de esta entidad están inconformes con esta ley porque violenta normas nacionales e internacionales,  que ponen en riesgo sus derechos que de por sí han sido violentados por los gobiernos. “Es un retroceso que persigue fines distintos a los de seguridad, porque ha quedado demostrado que aún con la participación de militares en materia de seguridad, la delincuencia sigue creciendo”.

No se trata de descalificar a una institución como el Ejército que ha tenido un papel importante ante desastres ocurrido por fenómenos naturales; incluso ha sido un enorme apoyo en la lucha contra la delincuencia, pero debe seguir como lo mandata la Constitución, que ya ha sido reformada de manera unilateral, sin que aún sepamos cuáles serán las consecuencias.