Contexto/Fernando Ramírez De Aguilar L. 

LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR CUESTIONADA Y MILITARES Y MARINOS ANTE LA ADVERSIDAD

Sin duda, las últimas semanas han sido más que difíciles y complicadas para las fuerzas armadas. Este lunes, al resolver un amparo en revisión, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por mayoría de siete votos, determinó que cuando en actos del servicio, un militar comete delitos que atentan de manera directa contra la disciplina castrense, el caso lo debe conocer un juez militar y no uno civil, siempre y cuando en los hechos no esté involucrado un particular, ni tampoco se trate de violaciones a derechos humanos.

Derivado de lo anterior, el máximo tribunal de justicia del país estimó necesario extender el criterio adoptado en septiembre de 2012 sobre la competencia de los jueces militares, a fin de recoger los más recientes pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia, destacándose que para la actualización del fuero militar no basta que el imputado sea un militar en activo, sino que es necesario que el delito se cometa en actos del servicio y guarde una estricta conexión con la disciplina castrense.

Por tanto, revocó la sentencia que en su momento había concedido el amparo a un comandante de una Base de Operaciones que teniendo como función específica el combate al narcotráfico, lo fomentó, concluyendo que en tales circunstancias corresponde a un juez militar conocer de la causa, en la que se le atribuyeron al justiciable los delitos contra la salud agravado y traición a las fuerzas armadas.

Lo que es un hecho, es que a más de una década de lanzada la guerra contra el narcotráfico y tras la erogación de más de un billón de pesos en seguridad en los últimos 21 años, “el Estado mexicano ha fracasado en su función básica de procurar la protección de la vida, integridad y bienes” de los habitantes del país, manifestó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

El ex apoderado legal de la UNAM y destacado académico, dijo durante su participación en la inauguración de la “Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia”, organizada en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lamentó el incremento de la violencia, pese al despliegue militar al que han recurrido las últimas dos administraciones federales como respuesta a los altos índices delictivos.

Al cierre del sexenio, los mandos militares y navales se la están viendo “negras” ante los graves acontecimientos en donde han estado implicados soldados, pilotos y marinos.

Lo más bochornoso para el orgullo militar y también civil, fue sin duda el izamiento de la bandera nacional, del enorme pabellón tricolor, de cabeza durante la ceremonia oficial del Día de la Bandera en la explanada del Campo Militar Marte. Y el Presidente justificando este ¿error?

Tan solo ocho días antes, la Fuerza Aérea Mexicana protagonizaba el desenlace trágico del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien pasó por encima del general Alfonso Duarte Mújica, comandante de la VIII Región Militar, para conseguir que un helicóptero UH-60M Black Hawk volara y con pilotos de poca experiencia hacia la zona azotada por el sismo que el mismo día se había dejado sentir en Oaxaca y en otros cinco estados.

Los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional, les ha llovido en los últimos meses, pues la Ley de Seguridad Interior, que promulgó Peña Nieto supuestamente para favorecer las funciones de seguridad pública de los militares, ha sido severamente cuestionada y hay una gran cantidad de amparos y litigios en contra de la aplicación de dicha ley, en la propia Suprema Corte de Justicia.

Por si fuera poco,  el pasado 18 de febrero, la Marina detuvo en Matamoros, Tamaulipas, a Alfredo Cárdenas Martínez, El Contador, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, fundador del Cártel del Golfo (CDG).

La información de la Semar aseguraba que el presunto capo había sido detenido al circular a exceso de velocidad en su camioneta, en un incidente derivado de trabajos de inteligencia naval (sic). En el vehículo, El Contador llevaba drogas y armas. Con eso fue suficiente para la captura. Pero todo eso era mentira. En realidad, Cárdenas Martínez fue detenido en su casa, hasta donde llegó el comando naval para desconectar primero todas (o casi todas) las cámaras de video vigilancia para luego entrar sin orden de cateo por el detenido.

Luego de sacarlo y subirlo a vehículos sin placas, fue llevado hasta donde los marinos habían colocado la camioneta para escenificar la detención. Todo iba bien hasta que los abogados del detenido presentaron pruebas sobre como ocurrió en realidad la captura. Un juez federal revisó los hechos y determinó que el arresto era “ilegal” y ordenó su inmediata liberación.

El trabajo de inteligencia naval compartida con la DEA se fue a la basura. Cárdenas Martínez ya había sido detenido en 2004, pero fue liberado mediante amparos. Ni como ayudarlos. Francamente lamentable.