Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L. 

• Del 777 al Comandante Rambo. 
• Albazo del congreso a la sociedad con la aprobación de la Ley de Seguridad interior 

En marzo pasado, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, hizo un severo llamado al Congreso de la Unión para que aprobara la Ley de Seguridad Interior. En esa ocasión el funcionario dijo que se tenía un vacío legal, pues no existe ningún precepto en la legislación vigente que defina en dónde y en qué casos, el personal militar debe sustituir, respaldar o inclusive arrestar a las policías que se han aliado a la delincuencia.

Pero el general Salvador Cienfuegos también aclaró que los mandos militares y navales no estaban pidiendo la aprobación de una ley que los favoreciera: “Nosotros no estamos esperando una ley que sirva de protección a las fuerzas armadas. Creo que se ha dicho mucho y eso se ha tergiversado o a generado desinformación. Tampoco pensamos contar con una ley a modo para las fuerzas armadas o, como otros dicen, se vaya a institucionalizar la presencia de soldados en las calles o que vamos a militarizar la seguridad pública. Por el contrario, esta ley, obliga a todas las entidades, y me refiero a la Federación, estados y municipios, a que cada uno cumpla con su tarea.

“Nunca ha sido nuestra pretensión sustituir a las policías. No las hemos sustituido ni queremos ni pensamos sustituirlas. Seguiremos apoyándolas, cuando los gobiernos que tengan el problema lo estén solicitando”, precisó el general.

Pero pasaron nueve meses de ese exhorto y los diputados y senadores no hicieron su chamba. No hicieron los foros suficientes para escuchar los reclamos de las organizaciones sociales y por eso, el propio Presidente Enrique Peña Nieto, pidió al Senado ampliar el diálogo sobre la Ley de Seguridad Interior y “escuchar todas las voces” de las organizaciones de la sociedad civil.

La declaración completa del mandatario fue: “Desde aquí hago un llamado al propio Senado de la República para que amplíe precisamente los espacios de diálogo, de acercamiento, con las distintas organizaciones de la sociedad civil, para poder escuchar todas las voces, y poder realmente enriquecer lo que eventualmente el Senado esté resolviendo en alcance a esta iniciativa presentada”.

Pero nuevamente Peña Nieto vuelve a caer en contradicciones. Apenas el 29 de noviembre pasado, en Coahuila, urgió al Congreso a aprobar la Ley de Seguridad Interior para dotar al Ejército y a la Marina de un marco jurídico que regule su participación en las labores de seguridad pública.

“Hace tiempo que la Ley de Seguridad Interior dejó de ser solo valiosa para convertirse en una imperiosa necesidad. Confío en que el Congreso de la Unión atenderá con la urgencia que se requiere esta importante iniciativa que brindará mayor certidumbre a las Fuerzas Armadas y a la sociedad mexicana”, indicó durante la entrega de las instalaciones de la 11° brigada de la Policía Militar en Coahuila.

Pero el viernes, Peña Nieto dio marcha atrás, todo con fines electorales, pero sus legisladores no pretenden hacerle caso y pretenden aprobar la ley en un albazo legislativo.

Los relatores especiales para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), David Kaye y Edison Lanza, consideraron que militarizar la estrategia de seguridad interior en México representa riesgos reales para todos, incluidos los periodistas Afirmaron que es una dinámica que no ha funcionado y el gobierno no ha rendido cuentas suficientemente para justificar por qué seguir con una estrategia militar.

No obstante lo anterior y los reclamos sociales, los senadores pretenden dar un “guadalupanazo” este martes.

–00–

Por vacaciones, esta columna volverá aparecer hasta el 9 de enero.