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CIUDAD DE MÉXICO, 17 de julio de 2017.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello salió en defensa del trabajo de fiscalización que realizó el ente electoral respecto a los comicios celebrados en Coahuila, Nayarit, Estado de México y Veracruz, y afirmó que es el más robusto que se ha hecho desde que se incorporó este tema de fiscalización en 1993.
“La fiscalización se ha convertido en un pilar del Sistema Electoral Mexicano y se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo, por ello, es posible sostener que la de este año es la más robusta que haya realizado el INE desde 2014, ello por supuesto no significa conformismo ni autocomplacencia, estamos obligados a tomar nota de nuestros errores y a mejorar, cada vez más, nuestra capacidad de control y supervisión de los ingresos y gastos”, aseveró.
Al respecto Córdova Vianello destacó que la Comisión de Fiscalización del INE pudo detectar que el monto de gasto no reportado en las elecciones de este 2017, fue 471 por ciento mayor con respecto a lo reportado en los comicios de 2016, lo que demuestra el trabajo que hace el órgano electoral.
“El monto de gasto no reportado, con ánimo de ocultamiento o bien por error, y que no es informado por los partidos y los candidatos al INE, hoy es mucho mayor: mientras que en las 14 elecciones de 2016 se detectó un gasto no reportado por 77.3 millones de pesos; en las cuatro de 2017 el monto no reportado es de 364.2 mdp, estamos hablando de un incremento de 471 por ciento de un año a otro, a pesar de que los cargos en disputa hoy fueron mucho menos”, detalló.
Asimismo resaltó que el reto fue mayor debido a que de acuerdo a la Reforma Electoral de 2014, la revisión de todos los ingresos y gastos electorales, federales y locales se concentró en manos del INE, por lo que se fijó parámetros mucho más estrictos para los partidos políticos en el reporte de sus operaciones financieras.
“El INE, como entidad fiscalizadora tuvo, como nuevo mandato, tener que realizar sus auditorías durante y no con posterioridad a las elecciones como ocurría antes y terminar su labor en apenas 45 después de la jornada electoral”, enfatizó.
Finalmente reiteró que ellos no tienen la facultad de anular o no una elección a consecuencia de la fiscalización, y aclaró que las decisiones que se deriven de la revisión del INE, a excepción de las multas, no le corresponde tomarlas al INE, sino a los tribunales.
Aunque reconoció que lo que ahora se estableció como un nueva causal de nulidad el rebase de topes de campaña, esta decisión “le toca” dirimirla a la justicia electoral, y no al INE, en ese sentido, dijo, el trabajo del Instituto debe ser eminentemente técnico y no especular con lo que puede o no ocurrir
“Resulta indispensable que la fiscalización se haga con el propósito de determinar con precisión a cuánto ascienden los recursos recibidos y gastados en cada campaña, los reportados y los no reportados, sin tomar en cuenta las consecuencias que ello supone (…) El trabajo de fiscalización tiene que ser ajeno a ello y, por supuesto, imparcial”, puntualizó.