Diputados, alcaldes y líderes campesinos, beneficiados con concesiones

PACHUCA, Hgo., 23 de octubre del 2019.- En febrero del 2016, el gobierno de José Francisco Olvera Ruiz se negó a hacer público el listado de beneficiados con concesiones del transporte público, tras una petición realizada a través de una solicitud de transparencia por el despacho de Abogados HG.

Ante la negativa del gobierno Olverista de abrir los datos, el despacho representado por el abogado Leodegario Hernández Cortés interpuso un juicio de amparo indirecto ante un juez de distrito, pero el ejecutivo se amparó en la secrecía de datos por cuestiones de seguridad y justificó que difundir dicha información ponía en riesgo el patrimonio de los concesionarios y su seguridad personal, porque existía la posibilidad de que personas dedicadas a actividades ilícitas o pertenecientes a redes de delincuencia identificarán al titular de la concesión.

Entonces se decidió reservar la información por 12 años, hasta ayer, cuando el gobierno del priista Omar Fayad a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte hizo público el padrón de beneficiarios, confirmando que los ganones con las placas de taxi en cada sexenio han sido diputados, alcaldes, funcionarios estatales, regidores, militantes de la oposición y hasta supuestos líderes campesinos.

En el censo de concesionarios figuran desde Juan Viggiano -hermano de la secretaria general del PRI Carolina Viggiano Austria-, hasta el exdiputado local opositor Jesús Taboada Rodríguez; el exsecretario de Organización del PRI, Levi Leines e incluso el sempiterno dirigente de la Central Campesina Independiente (CCI), Pedro Pérez Dolores.

Pero también aparecen el exregidor perredista Carlos Garrido; la fallecida Senadora de Morena Angélica García Arrieta; Luis Enrique Vázquez Baca hermano del exlegislador y exdelegado de Liconsa Ernesto Vázquez Baca; Juan Ramón Kuri del Campo hermano de la ex diputada del Partido Verde Jerusalem Kuri del Campo que también ocupó la titularidad del Instituto Hidalguense del Deporte en el sexenio de Manuel Ángel Núñez Soto.

Beneficiados con placas de taxi también aparecen los exdiputados priistas Florino Trejo Barrera y Miguel Rivero, así como Ricardo Amador Zamudio ex director del Centro de Información y Seguridad Estatal (CISE) en el gobierno Olverista y padre del exlegislador Javier Amador, lo mismo que Erika Elizabeth Trujillo Ortíz quien buscó sin éxito ser diputada local del PRI en las elecciones del 2018.

Alejandro Mariel actual director del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de Hidalgo; Ariel Meneses hermano del ex dirigente de la extinta Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH) Zenaido Meneses; Palmira Venero exdirectora Jurídica y de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Migración; el presidente municipal de Tezontepec de Aldama Pedro Porras Pérez y hasta el esposo de la ex alcaldesa de Pachuca Geraldina García Gordillo, también recibieron sus placas de taxi.

El ex alcalde de Mineral de la Reforma y actual secretario general de la sección IV del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud (STSNS), Alejandro Islas Pérez; la excandidata a diputada local del PAN-PRD por Pachuca, Jeny Marlú Melgarejo Chino y hasta la hermana del exdiputado local panista Juan Carlos Robles Acosta, obtuvieron autorizaciones para explotar el transporte público, según la documentación.

Tras comparecer ayer en el Congreso local, el secretario de Movilidad y Transporte José Luis Guevara Muñoz adelantó que de 400 concesiones entregadas en la administración Olverista al menos 144 podrían ser revocadas debido a las irregularidades detectadas en su emisión y otras 166 están en revisión.

La lista de beneficiarios es muy extensa y los nombres arriba mencionados solo corresponden a la identificación que se realizó de las concesiones entregadas desde hace casi dos décadas solo en tres municipios: Pachuca, Mineral de la Reforma y Tulancingo.

De acuerdo con fuentes oficiales que pidieron no ser identificadas, en el listado han sido detectados gran cantidad de prestanombres y familiares, así como el registro de consorcios dentro del mismo censo para impedir la identificación de los verdaderos propietarios de las concesiones.