Dreamers: Futuro incierto

CDMX, 8 de marzo, 2017.-Fue hasta la segunda mitad del siglo XXI cuando se visibiliza el fenómeno de los alumnos “transnacionales”, término utilizado para referirse a aquellos estudiantes que han transitado entre el sistema educativo estadounidense y el mexicano al menos una vez, sin importar dónde hayan nacido.

Las investigaciones sobre este tema han mostrado la falta de programas educativos para ayudar a los alumnos a transitar de la alfabetización en inglés a una en español. Además, códigos culturales distintos y modelos pedagógicos en ocasiones opuestos han contribuido, incluso, a la percepción entre algunos docentes de que los alumnos “transnacionales” son “problemáticos” por tener una actitud crítica.

Un dato duro que no se debe de omitir en estos momentos es que de los 200 mil mexicanos deportados de Estados Unidos en 2016, la mitad no terminó su educación básica, y sólo dos mil poseían estudios universitarios truncos. Estas cifras contrastan con la que dio el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, la semana pasada, cuando estimó que los dreamers mexicanos en riesgo de ser deportados eran alrededor de 400 mil, y que la UNAM no tenía la capacidad de recibirlos.

No es difícil calcular el volumen de la población sin estancia autorizada en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA por sus siglas en inglés). En 2012, la administración del presidente Barack Obama anunció este programa, que permitía a las personas que ingresaron sin autorización a los Estados Unidos cuando eran niños, el beneficio de no ser deportados y, si se demostraba “necesidad económica”, también una autorización para trabajar.

Los beneficios tenían una vigencia de dos años, con posibilidad de renovarse de forma indefinida. Los requisitos-hasta ahora- para que una persona pueda formular una petición de acción diferida son los siguientes: 1) Haber nacido después de 1980 y haber llegado a Estados Unidos antes de 1998. 2) Tener como mínimo cinco años de residencia en Estados Unidos y haber estado físicamente el 15 de junio de 2012, sin estatus legal. 3) Cursar o haber cursado la educación secundaria, haber obtenido un Certificado de Desarrollo de Educación General (GED), o ser un veterano con licencia honorable de la Guardia Costera o las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. No haber sido condenado por un delito grave, delito menor significativo, o tres o más delitos menores. El mayor número de personas inscritas en el programa DACA se encuentra en los estados de California, Texas, Illinois, Nueva York y Florida.

Hasta el 30 de septiembre de 2016 DACA había recibido un millón 184,274 de solicitudes de mexicanos, de las cuales un millón 50 mil fueron aprobadas cifra que incluye nuevo ingreso y renovación. A lo largo de la existencia del programa se han aprobado 588 mil solicitudes de nuevo ingreso, el resto de esa misma población. Desde su puesta en marcha, las perspectivas de vida de la población migrante ha mejorado, al permitirles el acceso a mejores condiciones de educación, empleo, sistema bancario, entre otros.

La política antiinmigrante del actual gobierno estadounidense pone en riesgo la continuidad de DACA. En el escenario extremo, si el programa es suspendido, es que todas las personas inscritas en el mismo sean repatriadas, acción que se facilitaría porque los servicios de seguridad cuentan con datos de los beneficiarios, hecho que ha generado inquietud entre los jóvenes.

Hasta el momento no se ha suspendido DACA, pero se ha anunciado que en algunos meses se dará a conocer un nuevo programa respecto a los llamados dreamers cuyo destino se encuentra a la deriva ya que ni México y mucho menos los Estados Unidos aceptan ser responsables de esta población.

El autor del artículo es académico de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM.