Ejecuciones extrajudiciales: impunidad y olvido

CDMX, 13 de mayo, 2017.- Sin duda, la administración que encabeza Enrique Peña Nieto será recordada por su alto nivel de violencia y violación a los derechos humanos, pues éstos se instituyeron como prácticas políticas sistemáticas de la vida cotidiana. Ante la presunta ejecución extrajudicial que realizó un elemento del Ejército Mexicano en la comunidad de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla. No basta con asegurar que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de Justicia Militar realizarán las investigaciones correspondientes.

Las grabaciones de una cámara de seguridad fueron circuladas en las redes sociales e indignaron a la población, pues se observa cómo un soldado ejecuta a un civil desarmado el pasado 3 de mayo. De acuerdo a la versión oficial, los militares enfrentaron a un grupo de huachicoleros, lo que dejó un saldo de seis civiles y cuatro soldados muertos, 12 heridos y 14 personas detenidas. Sin embargo, no es la primera vez que el gobierno de Peña Nieto recibe una denuncia de este tipo, pues lamentable todavía no se da respuesta a las acusaciones sobre ejecuciones extrajudiciales presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En este sentido, recordamos el caso de Tlatlaya, Estado de México, donde el 30 de junio de 2014, elementos del Ejército presuntamente ejecutaron a por lo menos 7 de 22 civiles que murieron acribillados en una bodega, sin que a la fecha se haya inculpado a los responsables, pues los últimos tres militares que permanecían en prisión por el delito fueron exonerados hace un año por un tribunal federal, el cual desestimó las pruebas que presentó la Procuraduría General de la República (PGR).

De las violaciones a los derechos humanos la CIDH en el 2015 documentó tres casos de ejecuciones extrajudiciales: incluyen los asesinatos de nueve personas en Apatzingán; 43, incluyendo un oficial de policía, en Tanhuato; así como la ejecución de un menor en Ostula, Aquila. Los tres en el estado de Michoacán.

El común denominador de los casos tiene que ver con la complicidad u omisión de las autoridades, quienes producen y reproducen una impunidad sistemática, por lo que es común que se altere la escena del crimen, se manipulan o destruyen pruebas, se siembran armas a las víctimas para presumir que se trató de delincuentes.

Asimismo, no se cuestionan las narrativas fabricadas en los informes oficiales de las fuerzas de seguridad, a pesar de que tengan múltiples contradicciones y no coincidan con la versión de los testigos, por lo que los agentes del Ministerio Público aceptan los informes como una verdad absoluta, la cual es aceptada por los funcionarios del gobierno federal, quienes para supuestamente cuidar la imagen institucional, difunden la versión oficial en los medios sin ni siquiera contar con avances sólidos en las averiguaciones previas.

Es momento de integrar una comisión independiente especializada que conduzca las averiguaciones de estas ejecuciones, pues de lo contrario veremos más evidencias de la impunidad que crece en el país, así como instituciones de procuración e impartición de justicia que generalmente responden por consigna y bajo presión de las autoridades federales.

El autor es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCPyS; Maestro en Comunicación y Política; y Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Comunicación y Política por la UAM Xochimilco. Ha sido periodista en medios locales y nacionales. ([email protected]).