Eligen a investigadora de la UNAM como presidenta de instancia en la OEA

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de agosto de 2020. — Laura Elisa Pérez Gómez, investigadora del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM, fue elegida, por consenso, presidenta del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, instancia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), mandato que cumplirá a partir del 18 de agosto.

De acuerdo a un comunicado, estará al frente del Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador (su nombre completo, pero conocido por sus siglas GTPSS), cuya meta es generar recomendaciones estratégicas para que los países de la región interamericana mejoren el respeto, protección y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales.

Pérez Gómez calificó su nombramiento como un avance personal, pero también es resultado del trabajo arduo y consistente desarrollado en el PUDH, que desde 2013 tiene una línea de investigación sobre el desarrollo de indicadores para la evaluación de los derechos humanos.

“En la UNAM somos un referente en la materia, y es un orgullo colocar el trabajo universitario en este nivel tan importante”.

La experta en investigación de operaciones explicó que el Protocolo de San Salvador es adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y se centra en las garantías sociales para la región interamericana.

Este tratado internacional, como muchos otros, cuenta con órganos de supervisión que permiten revisar el cumplimiento de sus mandatos de manera sistemática.

El Protocolo fue adoptado en 1988, pero el monitoreo a través del GTPSS fue puesto en operación y tuvo sus primeros nombramientos en 2009.

En 2014, Laura Elisa Pérez Gómez fue postulada por la academia y la sociedad civil ante la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país para formar parte del grupo como experta independiente.

Esa dependencia gubernamental envió su candidatura a la OEA, y su secretario General recibió la postulación e hizo el nombramiento.

Actualmente, refirió la universitaria, el GTPSS se conforma por siete personas, cuatro de ellas expertas gubernamentales con funciones específicas en los gobiernos que las postulan; dos expertas independientes, que representan las propuestas de la sociedad civil y la academia; y la relatora Especial para los Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH.

El 5 de agosto pasado se realizó una votación interna en que la universitaria fue elegida por consenso, junto con el vicepresidente, representante del gobierno peruano y viceministro de derechos humanos en su país, Daniel Sánchez Velásquez.

Ocuparán el cargo durante un año, con posibilidad de una reelección, según marca el reglamento. Indicadores de bienestar Pérez Gómez destacó que, a escala mundial, el GTPSS es el único órgano que da seguimiento a un tratado internacional utilizando indicadores.

“Otros basan sus recomendaciones en los informes narrativos que entregan los Estados sobre el cumplimiento de lo que establece cada acuerdo”.

En el caso del Protocolo de San Salvador, se cuenta con una herramienta que permite conocer cómo han avanzado las naciones en el cumplimiento de los derechos, con base en el establecimiento de normas y leyes, cómo construyen sus políticas públicas, qué programas establecen y sus capacidades institucionales.

Aunque como presidenta tendrá funciones específicas, como representación del Grupo ante la OEA “estamos acostumbrados a trabajar de manera coordinada, por consenso.

Nuestros nombramientos son Ad honorem, es decir, no recibimos pago; nuestra misión es avanzar para que haya un mejor disfrute de los derechos”.

La hasta hoy experta independiente del GTPSS subrayó que el trabajo se enfoca principalmente en la región de América Latina y el Caribe.

El Protocolo de San Salvador tiene 16 Estados parte, todos de la región más desigual del mundo en términos de ingresos y de acceso a derechos. “Se ven retrasos importantes en cuanto al cumplimiento del derecho a la salud, pero hay ocho de ellos claramente establecidos en el Protocolo: seguridad social, educación, alimentación, trabajo, derechos sindicales, derecho a un medio ambiente sano y derechos culturales”.

En nuestros países encontramos una situación de gran desigualdad.

Están inmersos en un contexto de pobreza, informalidad en el empleo y falta de sistemas sólidos y estables de seguridad social; carencia de seguridad para riesgos de trabajo o desempleo; dificultades para asumir la protección del derecho a la alimentación adecuada; así como falta de programas y políticas que favorezcan el rescate y protección de los derechos culturales y ambientales, detalló.

En ese contexto, la información disponible basada en un sistema con 714 indicadores permite revisar a detalle cómo se llevan a cabo las políticas públicas en los diversos países.