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CIUDAD DE MÉXICO, 24 de febrero de 2020.- En mesa de trabajo para revisar el dictamen en materia de regulación o outsourcing, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, conminó a construir un mejor marco normativo para evitar el lavado de dinero, la defraudación y evasión fiscal, y la afectación de los derechos de los trabajadores.
Ante los senadores encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, puntualizó en este último punto del outsourcing ilegal la negación del reparto de utilidades, la afectación de la antigüedad en relación con el régimen de pensiones y en materia a los derechos de vivienda, y la cancelación de contratos para efectos de evitar el cumplimiento de ciertas obligaciones de naturaleza laboral.
En el mismo paquete de temas ilegales en materia de subcontratación, Santiago Nieto indicó que en lo que tiene que ver con la defraudación fiscal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró la pérdida de 21 mil millones de pesos por esta práctica.
“Nadie está pensando en afectar el outsourcing legal, lo que estamos pensando es que se generen condiciones para poder atacar los efectos negativos del outsourcing ilegal como puede ser trabajo y defraudación fiscal”, expresó el titular de la UIF.
Existen tres conductas ilegales que la Unidad de Inteligencia Financiera ha detectado que tienen relación o pueden estar vinculadas: la generación de empresas fachada, la facturación simulada y la defraudación fiscal.
El Sistema de Administración Tributaria señala que por defraudación fiscal se pierden 324 mil millones de pesos y facturación simulada, en la que ha enlistado a 977 empresas en la lista de 69b, que es la presunción de la inexistencia de operaciones.