En 4 años, CEAV ha atendido a 3 mil 703 víctimas de tortura

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de abril de 2019.- Ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, el comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón,  señaló que entre 2014 y 2018, la Dirección Especializada en Atención a Víctimas de Tortura coordinó mil 518 asuntos, que comprenden dos mil 949 víctimas directas y 754 indirectas, de las cuales 691 se encuentran incorporadas en el Registro Nacional de Víctimas.

Detalló que actualmente se da seguimiento a 42 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que involucran a 165 víctimas directas y 67 indirectas.

Destacó que la CEAV ha emitido 51 resoluciones en esta materia, con las cuales se erogó la cantidad aproximada de diez millones trescientos mil dólares y actualmente y tiene otros 13 asuntos en estudio para la emisión de dicha resolución. Rochín del Rincón apuntó que tanto la rehabilitación médica y psicológica, como otras medidas de ayuda y asistencia, incluida la representación jurídica, la atención de trabajo social, becas educativas, bolsa de trabajo, traslados, acompañamientos, alimentación y alojamiento, no solo se garantiza con la resolución de reparación integral, sino que es un derecho que tienen las víctimas desde que les es reconocida esa calidad.

Por lo que hace a la rehabilitación, destacó que si bien la Comisión cuenta con personal especializado en atención de víctimas, debido a la cantidad de personas usuarias y a las particularidades de cada asunto, las víctimas son canalizadas a instituciones públicas del sector salud para recibir la atención experta que requieren.

El comisionado ejecutivo subrayó que el Estado mexicano es consciente de la especialización que se requiere para la adecuada rehabilitación de víctimas de tortura.

Por ello en aras de fomentar una atención diligente y especializada en el sector público de salud, el 11 de febrero pasado, solicitó al Sistema Nacional de Salud la creación de un programa de atención y rehabilitación integral, multidisciplinaria y especializada en afectaciones derivadas de violaciones graves a los derechos humanos.