Escenario inédito: Deportación masiva

CDMX, 15 de noviembre, 2015.- En su primera entrevista como presidente electo, Donald Trump aclaró que no ha cambiado de opinión y que además de un muro, que podría ser valla en algunas zonas, sí planea deportar a unos tres millones de inmigrantes indocumentados “con historial criminal”.

El gobierno federal deberá preparar un plan de emergencia para emplear a los más de cinco millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos y que podrían ser deportados a partir de que Donald Trump asuma la Presidencia. En Estados Unidos como indocumentados viven 5.6 millones de mexicanos, de acuerdo con el Pew Research Center.

El retorno a México de Estados Unidos no es un fenómeno nuevo. La larga tradición migratoria al país del norte había estado acompañada del regreso eventual a la comunidad de origen.

La investigadora Mónica Jacobo Suárez, del Programa Interdisciplinario de Políticas Públicas y Prácticas Educativas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) señala que estamos desde 2005 ante un alto flujo de población que regresa de manera involuntaria en la que hay un componente relevante de niños y adultos jóvenes. Pero nunca habíamos estado ante un retorno masivo, con todas las implicaciones sociales, económicas y de seguridad que conlleva este nuevo escenario.

En pocos países el tema migratorio desempeña un papel tan preponderante y polarizador en el debate público como en Estados Unidos. De 2005 a 2010, 1.4 millones de inmigrantes mexicanos y sus hijos regresaron a México, el doble que en el quinquenio previo.

Este aumento se explica en gran medida por la salida forzada de mexicanos a causa de deportaciones y procesos de retorno voluntario. Las deportaciones o procesos formales de deportación han seguido una tendencia creciente en Estados Unidos desde 2003 y los mexicanos representan alrededor del 75 % del total de la población deportada cada año.

Hace dos décadas, en 1996, la creación de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA, por sus siglas en inglés) introdujo un cambio radical al incrementar el número de ofensas por las cuales un inmigrante podía ser deportado, ampliando así el universo de individuos que caen en la categoría de “historial criminal”. A este nuevo marco legal le siguió la firma de acuerdos de colaboración entre gobiernos locales y agentes de inmigración para ejecutar conjuntamente las leyes migratorias.

México, Guatemala, El Salvador y Honduras concentran el 91 % de las deportaciones realizadas entre 2003 y 2013. Sin embargo, sólo el 73 % de la población indocumentada en Estados Unidos proviene de México o Centroamérica, por lo que estos cuatro países están siendo desproporcionadamente afectados por el endurecimiento de la política migratoria, y en particular por las medidas de deportación.

De acuerdo con cifras del Transaccional Records Access Clearinghouse, la mayoría de los mexicanos deportados entre 2003 y 2011 no habían cometido delito alguno. La etiqueta “criminal” ha de tomarse con cautela debido a la amplia definición de crimen utilizada. Es prioritario que el gobierno mexicano identifique a los connacionales deportados después de cumplir condenas penales por crímenes graves.

Aunque se desconoce el desglose por tipo de crimen para mexicanos deportados, si extrapolamos las cifras proporcionadas alrededor del 12 % de la población deportada ha cumplido condenas penales por delitos graves como secuestro, homicidio, crimen organizado. La reintegración de estos connacionales requiere de acciones específicas orientadas a su readaptación social, económica y en ocasiones cultural. Este escenario muestra, que en los próximos meses, estaremos ante una conflictividad social pocas veces visto en nuestro país.

El autor del artículo es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.