Exoneración en curso

CDMX, 19 de julio.- “Qué empiece el show, cámara, acción”, fueron las primeras palabras del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, minutos antes de abandonar la cárcel guatemalteca en la que estuvo encerrado por tres  meses para ser extraditado a México. En el video se ve cuando un elemento de la Dirección General del Sistema Penitenciario abrió la celda del ex gobernador para dar inicio a extradición, pero antes de dar un paso afuera de su habitación penitenciaria, Duarte de Ochoa dijo: ‘Qué empiece el show, cámara, acción’, con lo que describía el inicio del proceso que lo conducía a México. Está acusado por delincuencia organizada y lavado de dinero, se ha caracterizado desde su arresto en Guatemala por hacer comentarios en las que parece burlarse de la situación por la que está atravesando.

Duarte se encuentra en el Reclusorio Norte. Su caso ilustra la corrupción mexicana que tiene un costo que merma el ingreso de las personas, y un impacto negativo en el desarrollo económico. Baste señalar, que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), en su edición 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, revelaba que el costo total estimado, en el año 2015, de la corrupción derivada de llevar a cabo trámites ante las autoridades era del orden de los  6 mil 418 millones de pesos. Transparencia Mexicana, el Capítulo Nacional de Transparencia Internacional en México, en el estudio denominado “Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno” (INCBG),  afirma que destinamos  el 14% de nuestros ingresos a la corrupción.

El presidente Enrique  Peña Nieto, planteó desde su campaña la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción. En los últimos días, la creciente desaprobación de la gestión de los gobernantes, vinculados con actos de corrupción, entre los que destaca el  grupo español Aldesa, que construyó el Paso Exprés en la autopista México-Acapulco junto con la empresa mexicana Epccor, constituyen un llamado a la clase política para que tome consciencia de que la corrupción ha mermado  seriamente la confianza en la administración pública.

Otro caso calificado de extremo es el del ex gobernador de Veracruz a quien la  Procuraduría General de la República (PGR) imputó el lavado de más de 438 millones de pesos provenientes de recursos públicos, pero en la audiencia inicial del caso, ante el juez federal que otorgó la orden de aprehensión, solo pudo explicar con datos la salida de 38.5 millones de pesos de la Secretaría de Educación de Veracruz. Es decir, menos del 10% de los recursos presuntamente desviados según la imputación.

Las inconsistencias en los señalamientos de la PGR han llegado al punto en que el juez afirma que existen  datos “incongruentes”, e incluso hizo ver que las cifras se contradecían directamente con las que la propia Procuraduría le había dado hace unos meses, cuando le solicitaron la orden de aprehensión.

La trama, según la imputación de la PGR, involucra a las empresas Consorcio Brades e Inmobiliaria Terra, que simularon la compra con sobreprecio de más de 20 terrenos ejidales en Campeche. En realidad tanto las empresas como los terrenos ejidales (adquiridos con irregularidades) pertenecían a dos colaboradores de Duarte en el lavado: el empresario Moisés Mansur y el abogado Alfonso Ortega. Según la acusación de la PGR, a  través de Consorcio Brades se habrían movilizado 223 millones 896 mil pesos, mientras que por Terra Inmobiliaria fueron 215 millones 861 mil pesos, “todo por instrucciones de Duarte”, según la Procuraduría

Ambas empresas fachada habrían sido fondeadas con un cúmulo de más de 15 compañías fantasma, entre ellas Diseños Tevet SA de CV y Trajan Construcciones SA de CV. Para la prensa extranjera, la detención de Duarte es un reto para el Gobierno y su oportunidad para combatir la impunidad, aunque su proceso legal también genera interrogantes sobre su posible absolución.

“Algunos observadores mexicanos expresan temores de que Duarte y otros puedan finalmente ser absueltos”,  según el diario “Los Angeles Times” en su edición del pasado 18 de julio. De ser el camino una exoneración pactada entre las autoridades federales y Duarte el costo de ese “arreglo” será muy alto para la ya disminuida credibilidad de la administración de Peña Nieto.