Falta de seguridad, reto actual para periodistas: Soledad Jarquín

OAXACA, Oax., 21 de agosto de 2018.- La periodista Soledad Jarquín habló sobre los retos del periodismo actual durante el encuentro “La Libertad de expresión, medios y periodistas en el nuevo escenario político”, organizado por la APO, el pasado 17 de agosto.

A continuación, su participación íntegra:

Buenas días compañeras y compañeros periodistas. Muchas gracias a Lupita Thomas por invitarme esta mañana para hablar aquí con ustedes. Leo un texto para no perder el hilo y para tratar de dominar mis emociones.

Ustedes saben el 2 de junio, mi hija María del Sol Cruz Jarquín, a quien nombro con orgullo y mucho amor, fue asesinada junto con Pamela Terán Pineda y Adelfo Guerra Jiménez. Desde entonces la vida de mi familia cambió para siempre. Hay un enorme vacío en casa, ella es parte constante de mis pensamientos y de mis acciones. Como periodista también me obliga a revisar minuciosamente el trabajo en el que estoy hace ya más de tres décadas y que atinadamente llaman la más peligrosa actividad que se ejerce hoy en este país. Nuestro problema es que creer que a nosotros no nos va a pasar.

Para mí el periodismo es el brazo derecho del cerebro de la comunicación, y eje central en la consolidación de la democracia y en la protección de los derechos humanos, aun antes de que éstos fueron considerados por Naciones Unidas al término de la segunda guerra mundial. Pero también debemos reconocer y ser autocríticos, el periodismo a lo largo de la historia ha servido a Dios y al diablo.

Pese a todo, ese quehacer nuestro, demanda características que sabemos no deben ser omitidas en ese ejercicio y me refiero a los principios como la verdad y la honestidad que deben ser elementos inherentes al periodista, como persona humana, porque el quehacer del periodista es informar y crear conocimiento, a veces mínimo y a veces vasto para la humanidad. No cumplir con esa encomienda es desinformar.

Hoy, estamos no sólo frente a los retos que nos imponen las nuevas tecnologías, no; estamos frente a cambios que dinamitan nuestra estabilidad como personas por falta de seguridad, no solo la seguridad social de la que hemos carecido todo el tiempos, hemos aceptado la precariedad de sueldos y la ausencia de seguridad social mínima, lo que nos pone en permanente vulnerabilidad; ahora estamos ante la falta total de seguridad, que se traducido en actos criminales como la intimidación, las amenazas, el cierre de fuentes de empleo y peor, todavía, en desapariciones y en asesinatos.

Suman tantos crímenes que se cuentan por cientos. Hace unos días la CNDH señaló que desde el año 2000 han sido asesinados 138 periodistas en nuestro país y 21 más están desaparecidos desde 2005.

Estamos hablando de una violencia que nunca pensamos que nos va a tocar. Pero nos toca porque cada día se amplía su espectro. Eso pasó la madrugada del 2 de junio cuando mi hija fue asesinada. El nuestro es un estado peligroso, yo misma lo había advertido en algunas columnas, para darnos cuenta solo es necesario mirar la nota policiaca y observar cómo se habían transformado los crímenes, cada vez más violentos, como sucede con las mujeres. Oaxaca es una de las cinco entidades del país donde en conjunto han ocurrido 82 asesinatos, el 70 por ciento del total de los crímenes de esa naturaleza que se han cometido en todo el país, y que coloca a Oaxaca en el tercer lugar, junto con Guerrero, por el número de casos, 15 en cada estado.

Y todo esto pasa por dos puntos fundamentales: Las y los periodistas, más que el resto de la población, estamos parados sobre terreno minado por la corrupción institucional y la interacción entre buena parte de la clase en el poder, la política, y el crimen que día a día vive una disputa sangrienta por territorios políticos y económicos, fundamentalmente. Nosotros queriendo o no husmeamos esos contextos, a veces sin saberlo nos relacionamos con ellos y no porque lo queramos sino porque nos buscan.

Mi hija era jefa del departamento de Comunicación Indígena Intercultural de una oficina de la administración pública del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, la Secretaría de Asuntos Indígenas. Su oficina estaba ubicada en la llamada Ciudad Administrativa.

Su muerte, además del cobarde y artero crimen, devela una serie de delitos que se hicieron uso y costumbre en Oaxaca y que como periodista, pero sobre todo como madre de María del Sol no puedo perder de vista: por un lado, el hecho de que haya sido “comisionada” por ex titular de la SAI, Francisco Montero López, para apoyar la campaña política de Hageo Montero López, su hermano, a la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza, nos hace visible algo que dejamos de ver hace mucho tiempo, porque de tan común se nos hizo costumbre: el uso indebido de recursos públicos -humanos y financieros- para una campaña política, y que está sancionado en la Ley General de Delitos Electorales en su Artículo 14 (Se impondrá prisión de dos a nueve años, al precandidato, candidato, funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que aproveche fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción III del artículo 11 de esta Ley). Y que sería suficiente con preguntar, casi todas y todos conocemos a alguien que en algún momento ha sido enviado a “apoyar” campañas políticas, estando dentro de la administración pública.

Hay en este crimen, donde mi hija es una víctima circunstancial, un entramado político-económico que deviene del poder político en disputa, que puede venir desde el exterior -enemigos políticos- y que pudo gestarse en el interior -el mismo partido político-.

Mezclado con lo que financieramente representa Juchitán de Zaragoza: dinero, dinero y más dinero público procedente de tres fuentes fundamentales: Uno el dinero del erario público. Dos el dinero que produce los vientos eólicos. Tercero el dinero de la reconstrucción. Y Cuarto la futura e inevitable construcción de un corredor transísmico. Varios miles de millones de pesos que ponen en tentación a la clase política corrupta del istmo, de Oaxaca e incluso de más allá de nuestro país. Todo ello atravesado por la corrupción que se refleja en la condición en la que vive un porcentaje muy alto de la población de Juchitán, que, de acuerdo con el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social, la pobreza moderada y extrema se concentra en el 60.2 por ciento de la población.

Es esta catastrofe de la pobreza derivada fundamentalmente de la corrupción y la ambición de quienes gobiernan y los agentes externos, combinados con la presencia de cárteles del narcotráfico, lo que hizo de este municipio el noveno más peligroso de país, con 95.1 homicidios por cada 100 habitantes, esto de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2018).

Es claro que desde el ámbito de lo político no hay intento alguno por mejorar la condición de las personas, sino de ganar poder, a costa de lo que fuera necesario. Eso llevó a perpetrar el crimen donde “circunstancialmente” murió María del Sol, una joven fotógrafa y videasta cuya estancia en Juchitán estaba fuera de la ley, por ser ella una funcionaria pública pero que fue obligada a hacerlo o tendría como consecuencia perder su empleo. Es claro que nadie se imaginaba el fatal desenlace, nadie. Como nadie advirtió a qué demonios habría de enfrentarse en Juchitán de Zaragoza.

Y ello puede ocurrirle a cualquier periodista o fotógrafo que cumple con un trabajo. Un mal para muchas personas que no se advierte porque las condiciones se han vuelto usuales, comunes, por increíble que parezca, ha sido como crecer en medio de un pantano, donde cada paso puede significar la muerte. Ese pantano es la combinación como el desacuerdo entre el poder político y el poder ilegal del narcotráfico. Bombas de tiempo que han dado al traste con el futuro de mi hija, pero que pudo ocurrir a cualquier otra persona dedicada a informar, ya sea de forma institucional o en un medio de comunicación.

Es ese el riego que enfrentamos cada día. La libertad de expresión y la libertad de informar son las más acotadas de nuestras libertades y lo están por los poderes visibles o no visibles que rigen la vida de la sociedad mexicana.

Yo pregunto ¿qué hemos hecho como periodistas para detener los crímenes contra nuestros iguales, o contra nuestras hijas, nuestras familias? ¿Qué más tendría que ocurrir para que pongamos atención? ¿Hemos contribuido a este estado de cosas? Cada uno y cada una de nosotras tendríamos que hacernos estas y otras muchas preguntas.

Sí, no tenemos condiciones para el ejercicio del periodismo. Enfrentamos los riesgos que implica casi sin chistar y cuando lo hacemos, como pasó con María del Sol cuando su jefe le ordenó que tendría que sumar sus conocimientos como fotógrafa y videasta a la campaña de su hermano. Aunque le plantee que debía renunciar, no lo hizo porque las y los jóvenes viven en un país donde la falta de oportunidades les acota sus esperanzas personales y profesionales.

Mi hija no fue una víctima circunstancial, como estoy segura no lo han sido las muchas personas que han muerto en esas condiciones. Reitero, en México las políticas públicas son esqueletos que deambulan en la sociedad, sin contenidos reales ni respuestas y que nos dejan inermes frente a los peligros igual de día que en una madrugada.

Pero la muerte de mi hija no detiene las atrocidades. Le robaron su equipo de trabajo en la pretensión de borrar las pruebas de un delito cometido por un funcionario público del gobierno que encabeza Alejandro Murat Hinojosa y por un candidato del PRI-PVEM-PNA. Me refiero a fotografías, videos y otros trabajos que ella realizó para Hageo Montero López.

A pesar de que Francisco Montero López renunció al cargo de Secretario de Asuntos Indígenas, la falta del nombramiento de un nuevo funcionario, permitió que el personal de la SAI fuera coaccionado para mentir, a sabiendas que cometían otro delito, sobre el trabajo que mi hija hizo en la SAI y en la campaña política en Juchitán, el verdadero lugar equivocado, donde ella no debía estar la madrugada del 2 de junio.

Hacer periodismo, informar, comunicar, no son tareas fáciles. Se cometen crímenes contra periodistas para evitar que se devela una verdad, un acto de corrupción o las implicaciones de políticos en el crimen organizado. Pero también se asesina porque la política es un lugar peligroso, hay una encarnada guerra por el poder, así lo dejo ver el pasado proceso electoral, el más violento en las últimas décadas, donde 132 personas dedicadas a la política fueron asesinadas.

17 eran mujeres: siete precandidatas o candidatas; las otras 10 eran militantes, regidoras o síndicas en funciones, activistas, dirigentes de partido, una periodista -mi hija- y familiares, esto de acuerdo con la consultoría Etellekt, y sí otra vez Oaxaca y Guerrero, con 26 casos cada uno, fueron las entidades más peligrosas.

Mi tarea hoy es exigir justicia para María del Sol, no me puedo permitir que su crimen quede impune.

Todas y todos nos hemos equivocado alguna vez y eso es parte de nuestra condición humana. Pero difundir información falsa, es una acción no permitida para nadie que se diga periodista, que sabe de la trascendencia de su labor, como ocurrió hace unos días, porque les digo y se los digo con toda honradez, no es lo mismo vivir una tragedia como la de mi hija, que escribir de ella sin estar en nuestros zapatos.

El cambio político que se avecina, si es que lo hubiera de forma profunda como lo exige este país, debe significar la mejor oportunidad para el periodismo mexicano, nos hemos dilatado en cambiar, en estar a la altura de las exigencias de la sociedad mexicana que reclama un periodismo más humano y justo, una sociedad que exige ser escuchada, tener voz propia en este proceso de violencia que vivimos, un periodismo libre, ese es el pese y la responsabilidad que tenemos y ese será el reto más grande al que nos vamos a enfrentar. Si cambia el país es porque también nosotros y nosotras habremos cambiado, nos habremos salido de nuestra comodidad para ser más críticos con el sistema político y porque habremos reconocido la voz, la visibilidad que merece el pueblo de México.