Granadazos en Morelia: la herida abierta

Morelia, Mich., 11 de septiembre.- El gobierno de Michoacán envió al Congreso local una iniciativa para actualizar las pensiones que reciben los afectados y familiares de las víctimas de los llamados “granadazos” del 16 de septiembre de 2008, ante la demanda de víctimas y familiares que aseguran que el apoyo que les brinda el gobierno son insuficientes para pagar tratamientos, medicinas y especialistas,  debido a que el movimiento de las esquirlas (fragmentos de la granada que se alojaron en el cuerpo) cada vez les causan mayores daños. Sin duda una herida difícil de sanar.

En un comunicado, el Ejecutivo estatal indicó  incrementar el monto de las pensiones que reciben 11 personas y que las restantes 44 no sufran disminuciones, y que el estatus de las pensiones que reciben dos personas cambie de temporal a vitalicia.

Se comentó que el pasado 30 de agosto funcionarios de gobierno se reunieron con afectados y familiares de las víctimas a quienes se comprometieron  a respaldar con medicamentos y recursos paran que puedan  emprender acciones productivas.

El 15 de septiembre de 2008, durante el Grito de Independencia, un grupo delictivo lanzó una granada en la Plaza Melchor Ocampo que dejó un saldo de nueve muertos y unos 120 lesionados. Los familiares de las víctimas demandaron hace un año apoyo para más de 100 personas que sufren secuelas del atentado.

Salvador Díaz perdió a su esposa esa noche. Uno de sus tres hijos, de 23 años, es atendido en el hospital militar de Irapuato, Guanajuato, donde lo operarán para sacarle esquirlas.

“Yo trabajaba en rectificación de motores y mi esposa, Leticia, era maestra del Colegio Anáhuac. Desde ese día para mí, Morelia ya no es la misma ciudad”, afirmó.

Indicó que varias víctimas reciben atención sicológica por haber perdido familiares, pero los lesionados sufren dolor permanente debido a las esquirlas que se desplazan por su cuerpo. Díaz recibe una pensión gubernamental de 10 mil pesos al mes, pero debe pagar medicamentos y atención hospitalaria. Otros reciben 6 mil pesos mensuales, y algunos, 2 mil.

Guadalupe Hernández acotó que varias personas afectadas tienen pensión temporal y piden que sea definitiva; otras requieren becas para sus hijos. En general, exigen que se revise el decreto que se aprobó durante la gestión de Leonel Godoy (2008-2012), porque no se tomó en cuenta a personas que aparentemente no padecieron daños mayores; además, la atención médica es deficiente y a veces le toca pagar  las consultas.

El gobierno estatal informó que 62 personas reciben pensión y 38 no se han acercado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito, pero han sido atendidas y se analiza cuántas obtendrán pensión definitiva.

Además de las víctimas, es claro que los detenidos como responsables del atentado no fueron los culpables, por lo que siguen las cuentas pendientes contra quienes atentaron contra los asistentes de aquel Grito de Independencia.