Insiste Ombudsman nacional en regresar a Fuerzas Armadas a cuarteles 

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de diciembre de 2017.- El fortalecimiento institucional y la incertidumbre que busca para las Fuerzas Armadas, así como la certeza que se pretende en sus relaciones con la sociedad civil no se logrará con la Ley de Seguridad Interior, dijo al Presidente de la República, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.

Al tomar la palabra durante la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que los mexicanos no deben resignarse a vivir con miedo ante la violencia e inseguridad en el país, pero tampoco con incertidumbre sobre los alcances y términos en que puede presentarse la actuación de las autoridades y afectarse el ámbito de sus libertades y derechos.

“Propicia la falta de claridad, las ambigüedades y la discrecionalidad en la actuación de las autoridades”, aseveró al referir que lo que debe entender por seguridad interior son suficientes para dar paso a una revisión amplia e informada.

Esta revisión debe llevarse a cabo bajo un esquema amplio que ponga en el centro la seguridad ciudadana y en el que se trate de manera conjunta e integrada la parte procedimentada del sistema de justicia penal junto con la estructura y esquema de procuración de justicia. Sin embargo, indicó que dentro de la misma revisión integral por supuesto que es deseable dar certidumbre a la sociedad y certeza a los integrantes de las Fuerzas Armada sobre las condiciones y términos de su intervención extraordinaria en apoyo a la seguridad de las personas.

Y propiciar el fortalecimiento de las capacidades y recursos de las policías civiles a la par de sentar las bases para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las funciones que le son naturales en un entorno de transparencia y rendición de cuentas.

En el ámbito de seguridad y justicia, el presidente de la CNDH conminó a repetir la experiencia exitosa que concluyó en la emisión de la ley general sobre desaparición forzada, cuya formulación apoyó en Ejecutivo federal y encontró en el Poder Legislativo un espacio de sensibilidad y apertura para el diálogo con expertos académicos y víctimas de la sociedad civil.

“Tengamos la prudencia y mesura para seguir la discusión integral cuyo fin es dotar a la población de seguridad y respeto a los derechos humanos”, reiteró. Sólo con un plan que confronte las raíces que se vive en materia de seguridad, subrayó que se podrá restablecer la paz y la promesa de un horizonte verdaderamente democrático y de derechos humanos para los mexicanos.

El Ombudsman nacional recalcó que limitar las opciones al despliegue reactivo de las Fuerzas Armadas bajo la denominación que se le pretenda dar “solo podrá atender los síntomas, más no dará una solución de fondo a los problemas”.