Instituciones electorales

CDMX, 13 de marzo, 2018.- En estas elecciones de 2018,  al igual que en las de 2006, se pondrán a prueba  reglas electorales ya existentes, al no poderse regular ni  campañas negativas y mucho menos la transparencia  en el ejercicio de recursos económicos  en campañas.

Otro problema sin resolver sigue siendo la segunda vuelta para la elección presidencial. La reforma mantuvo las mismas fórmulas de asignación de escaños para la elección de diputados y senadores del Congreso. Con estos temas sin resolver, se observan fuertes tensiones, que lejos de ceder se van a incrementar en las próximas semanas.

La reforma electoral de 2013, fue parte de un paquete extenso conocido como “Reformas Estructurales”, que  desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto se implementaron a partir del llamado Pacto por México.

La electoral fue una reforma que tuvo entre sus objetivos el fortalecimiento de la autoridad electoral. Se sustituyó al Instituto Federal Electoral (IFE) por el Instituto Nacional Electoral (INE) encargado de organizar y vigilar las elecciones federales y coordinarse con los órganos electorales locales para la realización de las elecciones estatales.

El INE aumentó de 9 a 11 consejeros electorales; para su designación se creó un Comité Técnico formado por diversos actores nombrados, ya no solamente por el cuerpo legislativo, sino por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

Las actividades del INE se redujeron  a la vigilancia de lo estrictamente administrativo, transfiriendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los Procedimientos Especiales Sancionadores (PES). Se crearon los Órganos Electorales Locales —llamados Organismos Públicos Locales (OPLES) — como encargados de organizar las elecciones de los estados que se coordinarán con el INE y homologarán a 7 el número de sus consejeros, nombrados directamente por esa institución.

La reforma incluyó un incremento del dos al tres por cierto de los  votos necesarios para que un partido conserve su registro; así como la paridad del 50% para los dos géneros en la postulación de candidatos, con lo cual se garantiza la completa equidad de género en la distribución de candidaturas.

Con la aprobación de la reelección de diputados y senadores hasta por 12 años (hasta cuatro periodos para diputados a partir de 2015 y hasta dos para senadores a partir de 2018), se permite la participación en la contienda electoral de ciudadanos sin afiliación partidista, los llamados candidatos independientes.

El financiamiento de los partidos políticos es un tema muy  debatido en México.  Frente al elevado financiamiento con recursos públicos  hay un magro beneficio  que aportan los partidos, por ejemplo en 2017, un año no electoral el INE tuvo  asignado un presupuesto de casi 11 mil millones de pesos.

El excesivo monto del financiamiento de los partidos políticos una vez más  vuelve a ser parte del debate nacional, mismo que está incidiendo en la pérdida de confianza de los ciudadanos en la calidad y legitimidad de nuestra democracia electoral.