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CIUDAD DE MÉXICO, 20 de febrero de 2017.- La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó el pasado 14 de febrero una controversia constitucional contra el impuesto minero creado en Zacatecas por el gobernador Alejandro Tello.
El titular de la Consejería, Humberto Castillejos Cervantes, presentó el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y el ministro Luis María Aguilar Morales, ordenó la instrucción del procedimiento bajo el expediente número 56/2017, radicado en la Sección de Trámites de Controversias Constitucionales.
Con la controversia presentada en el máximo tribunal del país, el gobierno federal busca dar marcha atrás a los “efectos y consecuencias jurídicas que deriven” de la aplicación en ese estado, de un nuevo impuesto creado exclusivamente a la industria minera instalada en la entidad, que genera el 30 por ciento de la actividad económica de la región.
El impuesto minero ha generado inconformidad en las empresas mineras nacionales y extranjeras, que han acudido a ampararse contra el cobro por considerarlo excesivo e ilegal, así como se han presentado reacciones por parte del sindicato minero, que se ha movilizado mediante diversas protestas públicas para defender sus empleos ante la amenaza de cierres masivos por falta de condiciones para las compañías en la zona.
Con el impuesto minero, el gobierno de Alejandro Tello pretende captar alrededor de 2,500 millones de pesos adicionales a su presupuesto.
Zacatecas tiene un problema financiero mayúsculo, derivado de una deuda pública superior a los 7 mil 500 millones de pesos, que deja al gobierno sin recursos para inversión. La deuda que se ha vuelto impagable y que el gobierno estatal quiere resolver con el impuesto minero, se generó en los dos últimos sexenios, el de Miguel Alonso Reyes y el de Amalia García.
Tello Cristerna, actual mandatario zacatecano y principal impulsor del impuesto minero impugnado ahora por el gobierno federal, fue secretario de Finanzas en el sexenio pasado. El actual titular de la Secretaría de Finanzas, Jorge Miranda Castro, ocupó el mismo cargo con Amalia García y en Zacatecas, a raíz de esta controversia constitucional, se rumora su renuncia inminente, así como la del secretario de ecología estatal, Víctor Armas.