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CHILPANCINGO, Gro., 23 de octubre de 2017.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) aseguró que existe una investigación contra el presidente municipal de Tlapa, Jesús Noé Abundiz García, y el director de Seguridad Pública de ese municipio, Neftalí León González, por el abuso y violación que sufrió la activista y defensora de los derechos de las mujeres Yndira Sandoval Sánchez, el pasado 16 de septiembre, pero hasta el momento las autoridades municipales han hecho caso omiso a las solicitudes y oficios girados por ese organismo.
En un comunicado, la CDHEG señaló que el 28 de septiembre, la delegación regional La Montaña recibió un escrito firmado por Amaury Navarrete Cruz, quien presentó la queja contra el alcalde de Tlapa, el director de Seguridad Pública municipal y del agente titular del Ministerio Público por presuntos actos violatorios a sus derechos humanos, falta de acceso a la justicia, privación de la libertad personal, violación sexual y abuso de autoridad.
En el escrito se indicó que los agraviados fueron Yndira Sandoval Sánchez y Amaury Navarrete Cruz, y se agrega que la delegación regional de la CDHEG en La Montaña radicó y registró la queja bajo el expediente CDHEG-DRM/049/2017-I.
La delegación solicitó a los superiores de los funcionarios presuntamente responsables, un informe relacionado con los hechos denunciados, así como los nombres completos de los servidores públicos que estuvieron en funciones los días 16 y 17 de septiembre del año en curso, para lo cual se otorgó un plazo de cinco días hábiles a partir del día siguiente de su notificación, pero hasta la fecha no han respondido.
El presidente de la CDHEG, Ramón Navarrete Magdaleno, indicó que se tiene avance del expediente pero el Ayuntamiento de Tlapa no ha respondido a la solicitud de que a la imputada, de nombre Claudia Juárez Gómez, policía que supuestamente violó a la activista, se le otorguen medidas y no evada la acción de la justicia.
Navarrete Magdaleno señaló que la Comisión llevaba la investigación en secrecía por la protección de los derechos de la víctima, pero ahora que la agraviada decidió hacerlo público, afirmó que esta investigación apunta a fincar responsabilidades contra quien la tenga.
Ante la omisión de las autoridades municipales, Ramón Navarrete llamó a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Publica a actuar en base a su competencia, argumentando que la actuación de la Policía de Tlapa pone en duda la certificación de los efectivos.