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CDMX, 20 de abril, 2017.- En México sigue pendiente el diseño y ejecución de un sistema de rendición de cuentas que permita la transparencia del manejo de recursos por parte de servidores públicos de los poderes institucionales y de los tres niveles de gobierno, es decir, es urgente, no sólo la aplicación de las leyes en la materia, sino dotar de un conjunto de mecanismos al alcance de los ciudadanos para vigilar el quehacer político, pues la corrupción y la impunidad rebasan a las instituciones de procuración e impartición de justicia.
Se han logrado avances en cuanto al acceso a la información, pero son insuficientes, la fiscalización de los gastos y la evaluación de políticas públicas son limitadas y lo que es peor no somos capaces de distinguir entre un botón de muestra de la corrupción que impera en nuestro sistema político y las condiciones o causas que provocan el fenómeno.
La actuación pasiva de las autoridades del gobierno federal desvía la atención del verdadero problema, y los actores de las distintas fuerzas políticas se enfrascan en una discusión estéril que no analiza a fondo la situación, derivada de una falta de rendición de cuentas, sin soslayar que ellos también son corresponsables por omisión o complicidad.
La lista es amplia y podemos asegurar que se incrementará con más nombres de funcionarios públicos provenientes de los distintos partidos políticos en los distintos niveles de gobierno. No basta un juramento de lealtad y honestidad, ni colocar a un santo en un cargo institucional para que no desvíen recursos, simplemente se requiere de un sistema que transparente oportunamente el gasto del presupuesto público.
Tan solo durante la gestión de Enrique Peña Nieto han sido encarcelados seis ex gobernadores: Andrés Granier, de Tabasco; Jesús Reyna, ex gobernador interino de Michoacán; Guillermo Padrés ex mandatario de Sonora; Flavino Ríos, quien ocupó el cargo, menos de dos meses, como gobernador interino de Veracruz, entró a prisión el 12 de marzo de este año; Tomás Yarrington, quien gobernó Tamaulipas, fue arrestado el pasado 10 de abril en Florencia, Italia, y el pasado sábado fue capturado Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, en un hotel del municipio de Panajachel, Guatemala, acusado de peculado, enriquecimiento ilícito y delitos electorales.
Esto es una muestra que revela una amplia red de corrupción, sin embargo, la lista de delincuentes sería interminable si agregamos nombres de presidentes municipales y funcionarios públicos de distintas instituciones públicas, sin mencionar a los ex gobernadores que han sido denunciados, pero que todavía no se les gira una orden de aprehensión. Me refiero a Rodrigo Medina de la Cruz, quien gobernó Nuevo León y Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo.
A esta lista se suman dos ex mandatarios prófugos: el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte y Eugenio Hernández, ex gobernador de Tamaulipas, buscado por la DEA desde casi dos años. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y aceptar como dijo Peña Nieto que la corrupción es “un asunto cultural”.
Los ciudadanos demandan acciones contundentes para crear un sistema efectivo de rendición de cuentas inmune a todos aquellos servidores públicos corruptos, líderes sindicales que se protegen al amparo del poder político, empresarios sin escrúpulos y demás saqueadores.
El autor es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCPyS; Maestro en Comunicación y Política; y Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Comunicación y Política por la UAM Xochimilco. Ha sido periodista en medios locales y nacionales. ([email protected]).




