De juicios políticos y otras trampas

Morelia, Mich., 10 de noviembre, 2017.- El Congreso de Michoacán dio entrada a juicios políticos en contra de los presidentes municipales de Charo, Ramón Hernández Yépez y de Lázaro Cárdenas, Armando Carrillo Barragán, así también en contra de la ex titular y actual encargada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Selene Vázquez Alatorre.

Las tres denuncias fueron enviadas a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local para que determinen si proceden o no. El pasado 14 de julio, el alcalde de Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce, quien fue acusado de nepotismo fue inhabilitado solo por dos años, y las demás acusaciones que tenían que ver con desvíos de recursos se desvanecieron.

Al alcalde Charo también se le acusa de nepotismo, mientras que al alcalde de Lázaro Cárdenas, por presuntas irregularidades en la ejecución de obras públicas. El caso más irregular es el que se presentó en contra de la ex diputada Selene Vázquez, por omisión, por parte de comuneros de la Chuta, municipio de Lázaro Cárdenas que a su decir fueron defraudados por personal que laboraba en el CEEAV del municipio costero, incluso habían presentado denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) pero fue improcedente.

No obstante, a decir de Vázquez Alatorre, está de acuerdo en que se celebre el juicio político que promovieron dos habitantes de la Chuta, municipio de Lázaro Cárdenas, pero solo pide que dejen escuchar su versión. Dijo que cuando fueron a solicitar la intervención de la CEAV ella les dejó en claro que como se trataba de la disputa de un predio federal, era necesario que se tratar el asunto desde ese ámbito, porque la instancia estatal sólo atendía a víctimas no a imputados.

La titular de la CEEAV únicamente atendió a Prudencio Castillo, quien a finales de 2016 acudió a las instalaciones del órgano acompañado por quien dijo ser su abogado, Jorge Gutiérrez. En esa ocasión, ambos pedían dos cosas: “1. Que Juan Ignacio García (entonces jefe de Departamento de la Unidad Regional Lázaro Cárdenas de la CEEAV) les reintegrara alrededor de 45 mil pesos que le habrían entregado para llevar su asunto del fuero federal. 2. Que un abogado de la CEEAV les acompañara a presentar denuncia contra el Lic. Juan Antonio”.

A la primera petición se les respondió que tenía que citar al aludido (cosa que se hizo al día siguiente) y a lo segundo, se les expuso el conflicto de interés que la CEEAV tendría al representarlos contra un trabajador de la propia institución, por lo que se les vinculó con el Instituto de la Defensoría Pública del Estado, para que esa misma noche fueran a presentar la denuncia, incluso se les proporcionaron los nombres de los abogados asignados para ese fin. De igual forma se les pidió presentar una queja en el buzón de la Secretaría de Contraloría (SECOEM) instalado en la propia CEEAV.

Todo lo anterior quedó asentado en acta que se levantó ese mismo día. Cabe señalar que la queja ante la Contraloría sí se presentó y está en proceso. Al interior de la CEEAV, la comisionada citó a los dos funcionarios de la oficina de Lázaro Cárdenas (el titular César Reyes y el involucrado, Juan Antonio García) a quienes escuchó y luego de hacerlo comprobó con documentos que ellos no tomaron el dinero en mención; pese a lo anterior, se pidió la renuncia al abogado García porque, contrario a indicaciones que se le dieron, aceptó haberse acreditado como abogado privado en la causa instruida contra al menos cuatro de los nueve imputados por delito federal. El Lic. Juan Antonio García entregó el cargo en enero de 2017, cuando fue posible enviar un reemplazo.

Es preciso comentar que de nueve personas involucradas, siete se han desistido de las quejas y denuncias a las que los han animado dos personas que los fueron a buscar hasta su comunidad, prometiéndoles viviendas y otros apoyos; al desistirse, las personas mencionaron que no conocen a la maestra Vázquez Alatorre y que tampoco sabían sus firmas serían usadas en su contra. Los documentos sobre este caso están en poder de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Secretaría de Contraloría (SECOEM) y el propio Congreso del Estado.

Respecto a este caso, para la encargada de despacho de la CEEAV representa una oportunidad de que se limpie su buen nombre, toda vez que espera se le respete el derecho a ser escuchada por parte de quienes integran las comisiones legislativas a las que fue turnado el expediente.