Sheinbaum responde a Trump: diálogo y cooperación, no amenazas
Morelia, Mich., 1 de marzo, 2018.- Juan Pablo Castañón presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), anda en campaña e intenta imponer al país la agenda pública del sector privado. Pide a los candidatos presidenciales que se comprometan a no regresar a la época de los subsidios y que no denoten a las instituciones.
Advierte que no le interesa que esto genere la animadversión con alguno de los abanderados.
El mensaje fue para Andrés Manuel López Obrador que puso en duda la confiabilidad de las autoridades electorales. Además en 2006 mandó al diablo a las instituciones.
No obstante, el tabasqueño quiere evitar pleitos con el sector empresarial y prometió que en caso de ganar la elección el próximo 1 de julio, nombrará como jefe de gabinete al empresario Alfonso Romo Garza a quien la prensa estadounidense acusó de ser un hombre de negocios poco transparente y de tener una dudosa ética.
En este contexto, hay que preguntarse un par de cosas: ¿En qué momento Juan Pablo Castañón fue elegido como el censor de los candidatos presidenciales? ¿Cuál es el poder moral de este empresario que lo hace superior al resto de la sociedad? ¿Utiliza de manera arbitraria su puesto?
Las respuestas a tales cuestionamientos las encontramos en las marcadas diferencias sociales que fomentan la idea de que el dinero lo es todo, (sin importar su origen). Quien lo tiene puede tratar a los demás como si fueran sus empleados.
Es una vergüenza que la sociedad mexicana no haya superado el sistema de privilegios que se impuso desde los tiempos de la colonia.
Es interesante que los empresarios se definan como ciudadanos que invierten y arriesgan sus recursos para generar negocios y empleos.
Sin embargo, es necesario agregar que los trabajos que dicen promover están mal pagados y quienes los operan se ven forzados a laborar más de ocho horas al día, aguantan porque la situación económica de nuestra nación es frágil.
Los hombres de dinero se aprovechan y se ofenden cuando sus empleados exigen mejores salarios y poner fin a la explotación laboral que es evidente.
Es una realidad que en México no existen empresarios, son especuladores que quieren ganar en cada negocio más del 400 por ciento.
No es casualidad que en este sector los que arriesgan su capital en el extranjero son una minoría. Fuera de nuestras fronteras, estos delincuentes de cuello blanco no pueden delinquir con impunidad.
En cambio aquí se regocijan con su retórica vacía al afirmar que se necesitan instituciones sólidas y fuertes que garanticen el imperio de la ley y así termine la impunidad en el país. Requieren del gobierno respeto al estado de derecho. Desde su punto de vista solo así se podrá lograr estabilidad económica que les permita continuar generando mayor riqueza para sus familiares, no les interesan los demás.
Ahora bien, ¿De qué hablan estos señores que pasan la mayor parte del tiempo rodeados de sus guardaespaldas? En amplias regiones de nuestra nación no hay estado de derecho. Es el crimen organizado quien cobra el derecho de piso, venden la seguridad a la población y algunas veces determinan quien gobernará.
La sociedad no puede tolerar que este grupo selecto de mexicanos diga cuándo y cómo tienen que actuar los candidatos presidenciales. Nadie debe someterse a estos saqueadores insaciables que se enriquecen a costillas de los millones de pobres.
Vale la pena recordar lo que alguna vez dijo el subcomandante Marcos, al afirmar que en un gobierno que encabezarán los zapatistas, el único lugar que tendrían los hombres de negocios sería la cárcel. Más claro imposible.