Marcaje personal a candidatas y candidatos para protegerlos

CANCÚN, QRoo, 2 de marzo de 2021.- Antes que otra cosa, los candidatos a los puestos de elección popular para los comicios del 6 de junio deberán cumplir con los requisitos de ley, indicó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al detallar las etapas y medidas que conforman la Estrategia de Protección del Proceso Electoral, anunciada en la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El establecimiento de mesas de trabajo donde las fiscalías y las autoridades de cada estado permitirán determinar situaciones de riesgo y alertas que permitan enfrentar la participación de la delincuencia en el proceso electoral, donde se elegirán más de 21 mil nuevos funcionarios.

También se harán consultas con los gobernadores de todas las entidades de la República, y se pondrá atención a los casos de personas que ya hayan recibido amenazas y se les proporcionará protección, además de abrir carpetas de investigación.

De esta manera, señaló la Secretaria, se podrá determinar qué tipo de protección requiere.

Aún antes de que comiencen las campañas, el diagnóstico de la violencia política en el país es ya preocupante: la violencia política que se manifiesta en asesinatos y casos de lesiones, suman ya 88 casos de septiembre del año pasado a enero de 2021.

En la estadística que se presentó este jueves en Palacio Nacional, todavía no aparece el registro del homicidio de Ignacio Sánchez Cordero, ocurrido en febrero.

Más de la mitad de los casos de violencia política registrados ocurrieron en siete entidades federativas: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco, y los asesinatos suman 64.

Con el de Sánchez Cordero, son ya 65 vidas segadas por cuestiones ligadas a la vida política local, y una docena está relacionada directamente con el proceso electoral de este año.

Para mantener activa la estrategia, Icela Rodríguez precisó que se sostendrán reuniones semanales con los responsables de la seguridad en cada estado, para hacer seguimiento de cada caso que se registre.

De esta manera, estimó, se podrá proteger a las candidatas y candidatos que sufran violencia o reciban amenazas.

Rosa Icela Rodríguez mostró un amplo abanico de recursos de los cuales echa mano el crimen organizado para amedrentar candidatos o para imponer los suyos propios: van desde las amenazas hasta los homicidios, pero también hay registro de secuestros, de intimidación a familiares de los actores políticos, de extorsiones y quema de domicilios.

El factor de poder económico al que el gobierno llama “delincuencia de cuello blanco”, que pretende imponer funcionarios, particularmente a nivel municipal, y en las áreas financieras y de obra pública, entra en colusión con los actores políticos, y una vez posesionados de esas áreas, se emplean los recursos para financiar campañas, asegura el diagnóstico dado a conocer en palacio nacional