México necesita un órgano para administrar donativos en emergencias: IBD

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de enero de 2018.- Al 5 de diciembre de 2017, el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República contabilizó tres mil 413.4 millones de pesos de aportaciones monetarias de la iniciativa privada y sociedad civil de México, de gobiernos, organizaciones y personalidades extranjeros, en apoyo a las fases de emergencia y reconstrucción tras los sismos de septiembre.

Sin embargo, destaca que no se encontró información disponible de algunas campañas de recaudación de fondos en apoyo tras los sismos, como por ejemplo, las que organizaron algunos bancos. El IBD realizó la investigación Aportaciones del sector privado y la sociedad civil de México y donaciones internacionales en apoyo a las fases de emergencia y reconstrucción tras los sismos de 2017, con el objetivo de conjuntar la mayor cantidad de información posible sobre las contribuciones monetarias, en especie o en apoyo técnico que hayan efectuado el sector privado y la sociedad civil mexicana o de otros países.

En el mismo documento se integran las donaciones provenientes de gobiernos extranjeros o de organizaciones internacionales para atender las fases de emergencia y reconstrucción tras la tragedia.

De este monto agregado contabilizado, el señala que el 69.5 por ciento corresponde a los recursos recaudados por la Fundación Carlos Slim, el 7.6 por ciento a las recaudaciones del fideicomiso Fuerza México, y el 22.9 por ciento a las donaciones de otros actores.

“Dado que la información de estas aportaciones y donaciones no se encuentra concentrada en ningún sitio en particular, fue necesario consultar diversas fuentes para ubicarla”, denuncia este órgano especializado encargado de realizar investigaciones con el fin de contribuir en la toma de decisiones en la Cámara de Senadores.

Cabe destacar, que a esta cantidad contabilizada habría que agregar los montos monetarios recaudados en diversas campañas de apoyo tras los sismos, de las cuales el IBD no encontró información disponible, como por ejemplo las que impulsaron algunos intermediarios financieros.

De haberse podido contabilizar el total de los recursos aportados o recaudados por el sector privado y la sociedad civil para las fases de emergencia y reconstrucción tras los recientes sismos de septiembre, el Instituto asegura que es factible que se habría llegado a un monto más cercano al que estimó el presidente Enrique Peña Nieto el 7 de noviembre de 2017 durante una reunión con representantes del sector privado en relación con las aportaciones no gubernamentales en apoyo de las tareas mencionadas que fue de cuatro mil millones de pesos.

El artículo 31 de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2018 (ILIF-2018) menciona que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá publicar a más tardar el 30 de septiembre de 2018 un reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta (ISR).

En dicho reporte se deberá señalar, para cada una, los montos de los donativos obtenidos en efectivo y en especie, así como los recibidos del extranjero, entre otros datos. Asimismo, se especifica que para la generación de este reporte que hará la SHCP, la información será obtenida de las declaraciones informativas que están obligadas a presentar las personas morales con fines no lucrativos correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

El Presidente de la República informó que durante el primer trimestre de 2018 quedará concluida la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del 7 de septiembre en Chiapas y Oaxaca.

Al 5 de diciembre de 2017 se han entregado a nivel nacional 111 mil tarjetas con recursos para apoyar al mismo número de damnificados, y Oaxaca es la entidad en donde mayor avance se tiene en la entrega de dichas tarjetas (90 por ciento); le siguen el Estado de México (con cerca del 90 por ciento) y Chiapas (80 por ciento).

La Ley General de Protección Civil en su artículo 70 señala que deberá promoverse un mecanismo ágil, transparente y efectivo de control y coordinación para que los recursos donados sean administrados y entregados en beneficio de la población de las entidades, municipios, delegaciones, o comunidades en emergencia o desastre.

Por otro lado, el documento indica que el artículo 69 de dicha Ley señala que las autoridades competentes en los diferentes órganos de gobierno serán las que determinen con apego a su regulación local, los criterios de uso y destino de los donativos recibidos en casos de emergencia o desastre, debiendo en todo caso rendir un informe detallado.

“Los recientes sismos de septiembre dejaron de manifiesto que existe un área de oportunidad para crear dentro del gobierno federal una unidad que se active en casos de emergencia o desastre y que tenga el objetivo de coordinar los apoyos recibidos por parte del sector privado y la sociedad civil de México, así como de actores públicos, privados o sociales extranjeros, con la finalidad de asegurar que el uso de dichos recursos sea oportuno y cumpla con criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas”, subraya el IBD.