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CIUDAD DE MÉXICO, 13 de agosto de 2026.- La Academia Mexicana de la Comunicación (AMC) pidió a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) modificar su propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, al advertir que algunas disposiciones podrían convertirse en mecanismos de censura previa, presión editorial o desaliento al periodismo de interés público.
En una recomendación técnica entregada este jueves a la presidenta de la CRT, Norma Solano Rodríguez, la organización reconoce la necesidad de proteger los derechos de las audiencias, pero sostiene que esa obligación debe coexistir con las libertades de expresión, prensa e información.
La conclusión central es que el anteproyecto contiene avances en accesibilidad, transparencia, mecanismos de defensa y diferenciación de contenidos, pero mantiene conceptos abiertos, facultades de revisión y disposiciones sancionadoras que requieren mayor precisión.
La Academia plantea que la versión definitiva delimite claramente la intervención de la autoridad, preserve la autorregulación de los medios y la independencia de las defensorías, vincule cualquier sanción con una infracción expresamente establecida en la ley y evite mecanismos que inhiban la difusión de información de interés público.
El documento fue presentado formalmente por la presidenta de la AMC, Lidia Camacho, dentro de la consulta pública convocada por la CRT.
Uno de los principales planteamientos es que el artículo 7 constitucional sea utilizado como parámetro transversal para interpretar y aplicar los nuevos lineamientos.
La Academia sostiene que la prohibición de censura previa no debe entenderse únicamente como el impedimento para que una autoridad ordene directamente que determinada información no sea publicada.
Advierte que también pueden existir restricciones indirectas cuando una regulación, por su vaguedad, amplitud, capacidad sancionadora o aplicación discrecional, provoca que periodistas y medios prefieran retirar, omitir o suavizar información para evitar consecuencias administrativas.
Por ello propone establecer expresamente que la CRT no podrá imponer versiones oficiales de los hechos, controles sobre las líneas editoriales o condicionamientos preventivos para la difusión de información y opiniones.




