No todos están de acuerdo en el respeto a la diversidad sexual

Morelia, Mich., julio de 2017.- En julio de 2015, el entonces gobernador Salvador Jara Guerrero declaró que se acataría la resolución de la juez Séptima de Distrito, María Dolores Núñez Solorio en el sentido de llevar a cabo las reformas para que parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. En tanto, los diputados panistas y priistas evadieron el mandato.

El cardenal Alberto Suárez Inda manifestó que “no sólo argumentos de la fe cristiana, sino por razones de orden antropológico, ético y social, el matrimonio debe entenderse y considerarse como la unión voluntaria que se estable entre un hombre y una mujer”.

Suárez Inda envió un comunicado en el que señaló: “En un estado democrático es bueno respetar los diferentes modos de pensar, pero los gobernantes y legisladores han de tener muy en cuenta el parecer de la mayoría de los ciudadanos y han de tutelar a la familia como célula básica de la sociedad”.

Las bancadas panista y priista de legislatura local le apostaron que en dos meses concluiría su gestión (septiembre de 2015) y era mejor heredarlo a la próxima legislatura.

La Suprema Corte de Justician de la Nación (SCJN) resolvió el 12 de junio de 2015 la jurisprudencia que declara inconstitucionales las leyes que limitan al matrimonio a una pareja de un hombre y una mujer, lo que abre el matrimonio a todo tipo de parejas en el país, mismo que debe ser acatado por todos los congresos.

En Michoacán la población homosexual representa el 8 por ciento, es decir 280 mil personas, quienes continuamente sufren discriminación y rechazo, por lo que resultaba apremiante proteger sus derechos. Además la entidad se ubica como uno de los cinco estados más homofóbicos del país, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Sin contar que se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional con mayor número de crímenes de odio y asesinatos dolosos en contra de la comunidad lésbico-gay.

Fue hasta el 18 de mayo de 2016, cuando el pleno del Congreso local aprobó el matrimonio igualitario que permitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo. Con 27 votos a favor y ocho abstenciones de la bancada panista y uno de la diputada priista, Rosalía Miranda.

El dictamen establece que al modificar “las preferencias” por “las preferencias sexuales” se establece un criterio de igualdad y no discriminación; asimismo, se señala que el matrimonio es la unión de dos personas para realizar una comunidad de vida permanente, en la que se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua. Elimina a la procreación como fin del matrimonio.

En realidad no ha pasado nada en torno a respetar un derecho de las personas que son sexualmente diferentes. Es grave que los grupos conservadores de manera hipócrita defiendan a la familia y las buenas costumbres, cuando no observan que dentro de la misma Iglesia protegen a pederastas y a quienes abusan de otras personas. De los grupos empresariales mejor no decimos nada. Pero, sin que se trate de promoción alguna, simplemente la máxima de Benito Juárez sigue estando presente.