ONU pide esclarecer multihomicidio en León con Protocolo de Minnesota

12 de junio de 2024

19:40

Redacción/Quadratín Bajío

LEÓN, Gto, 12 de junio de 2024.- Por la presunta actuación irregular de elementos de la Guardia Nacional en la víspera del crimen de dos bebés y cuatro mujeres en León, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, pidió esclarecer los hechos con el Protocolo de Minnesota.

Para la ONU, es necesario esclarecer lo sucedido, sancionar a los responsables e informar a la ciudadanía, tal y como lo mencionó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

1/3 Condenamos homicidio de 2 infantes y 4 mujeres en #León #Gto el 9 de junio. Instamos a las autoridades a realizar investigación exhaustiva, imparcial e independiente que conduzca a enjuiciar a todas los responsables por acción y omisión aplicando el #ProtocoloDeMinnesota.
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) June 12, 2024

“Alentamos a la implementación de medidas de control y estrategias efectivas para evitar que hechos de esta naturaleza se repitan. De manera particular, expresamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas”, posteó el organismo en la red social X.

Es así que la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU condenó el homicidio de 2 infantes y 4 mujeres ocurrido en León, Guanajuato, el 9 de junio.

La ONU instó a las autoridades a realizar investigación exhaustiva, imparcial e independiente que conduzca a enjuiciar a todas los responsables por acción y omisión aplicando el Protocolo de Minnesota

¿En qué casos aplica el Protocolo de Minnesota?

El Protocolo de Minnesota es un conjunto de normas para investigar una muerte potencialmente ilícita.

Este protocolo establece principios y directrices para los Estados, instituciones y personas que participen en la investigación.

Se hizo para complementar los Principios de las Naciones Unidas relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias.

Su objetivo es proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación mediante la promoción de una investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita o sospecha de desaparición forzada.