Otro país/Tomás Tenorio Galindo 

El gobierno contra la democracia

Para Andrés Manuel López Obrador, las acciones emprendidas por la Procuraduría General de la República contra Ricardo Anaya no significan una intervención del gobierno en el proceso electoral. “No es una blanca paloma. Anaya está acusado de lavado de dinero, y se debe de investigar. Eso no significa intervención gubernamental. Y que se investigue a José Antonio Meade también, eso es importante”, expresó el candidato de Morena el viernes pasado.

Fue una declaración demasiado a la ligera, incongruente e incomprensible si se considera la persecución que él mismo padeció en 2005 durante el gobierno del panista Vicente Fox.

Parece animada sólo por el supuesto de que le conviene la campaña emprendida por el gobierno y el PRI contra el candidato presidencial de la coalición del PAN-PRD-MC. Pero no le conviene. No le conviene ni a él ni a nadie, y menos que a nadie, a la democracia mexicana. Con esa postura desentendida y oportunista, López Obrador avala el uso del aparato de gobierno contra un candidato de oposición, acto indiscutiblemente brutal de un régimen que con esa sola manifestación revela la profundidad de su autoritarismo.

Salvo el caso del desafuero contra López Obrador, no existe en la historia moderna del país un antecedente de las maniobras ejecutadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, mediante la Procuraduría General de la República, para bloquear las posibilidades que tiene Anaya de ganar en las elecciones del 1 de julio. No sabemos hasta dónde está el gobierno realmente dispuesto a llegar, pero es ya sorprendente e insólito que haya llegado hasta donde ha llegado para levantar al candidato del PRI, José Antonio Meade, del tercer lugar en los pronósticos sobre la contienda presidencial.

Hasta ahora no hay en la investigación dada a conocer por la PGR nada que involucre a Ricardo Anaya en el delito de lavado de dinero en el que presuntamente incurrió el empresario que compró una nave industrial a la empresa de la familia del panista. Y hasta ahora, la PGR no ha acusado de nada al candidato presidencial. Pese a ello, la PGR, el gobierno, el PRI, el candidato priista y hasta López Obrador, han creado una atmósfera delincuencial en torno a Anaya. La exhibición del video grabado durante la visita del candidato panista a la PGR, particularmente de la porción en el que alguno de los visitantes lanza un exabrupto mientras platican entre ellos, tuvo toda la mala intención que se puede tener cuando lo que se busca es destruir la imagen de alguien. ¿Nadie en la PGR reparó en el daño que se infligía con esa acción a la institucionalidad de la instancia encargada de procurar justicia en el país, daño infinitamente superior al que el hecho iba a causarle a Anaya?

Es obvio que el razonamiento que dio lugar a la campaña contra Anaya es que sacándolo de la contienda, aunque sólo fuera por su desplazamiento del segundo lugar en el que se encuentra abajo de López Obrador, Meade subiría a ese sitio, lo que concedería al candidato del PRI la posibilidad de pelear por la victoria. Sin embargo, nada garantiza que el descarrilamiento de la candidatura de Anaya colocaría automáticamente a Meade en el segundo lugar. De hecho, es altamente probable que este episodio termine por fortalecer más a Anaya, salvo en el caso de que el gobierno considere que todos los costos valen la pena y opte por proceder penalmente contra él para inhabilitar legalmente su candidatura. Esta locura de poder generaría un retroceso de grandes dimensiones, a los peores años del viejo régimen priista.

En la eventualidad de que Anaya fuera expulsado de la boleta electoral, o que se mantuviera ahí pero afectado gravemente por el escándalo fabricado, es casi igual de probable que Meade ocupara el segundo lugar como que lo ocupara Margarita Zavala en su posición de candidata independiente. Nada predice una cosa u otra, pero todos los datos aportados por las encuestas sugieren la petrificación de Meade en el tercer lugar y la derrota del PRI.

Los estrategas del PRI y del gobierno no pueden desconocer que la jugada que han puesto en marcha puede producir resultados muy diferentes de los que buscan, a menos que esos resultados sean parte de los escenarios previstos y que también les satisfaga la irrupción de la esposa del ex presidente Felipe Calderón como oponente de López Obrador, quien es –no debe olvidarse– el verdadero objetivo de Peña Nieto.

No hay ya ninguna duda acerca de la naturaleza y el propósito de la intromisión de la PGR en el curso de las campañas por la Presidencia de la República. Un apunte sostiene que no se trata sólo de llevar a Meade al segundo lugar en la disputa, sino de impedir toda posibilidad de que Anaya llegue a la Presidencia por el riesgo de que eso desate más adelante una batida anti corrupción contra el actual gobierno y contra el propio Peña Nieto. Pueden ser las dos cosas, y ninguna le da autorización al gobierno del PRI a emplear los instrumentos del poder para manipular la elección a su conveniencia. Ese es el problema: la intervención del gobierno en el proceso electoral en beneficio del partido oficial, lo que amenaza la imparcialidad, la equidad y la integridad constitucional de todo el procedimiento. Es un golpe bajo desde el gobierno a la precaria vitalidad de la democracia del país, y eso no le conviene a nadie, ni a López Obrador aunque le sirva para ganar.

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