Otro país/Tomás Tenorio Galindo 

El caso de la presidenta del Instituto Electoral de Guerrero

Algo hizo que la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, Marisela Reyes Reyes, perdiera la cabeza y le diera un empleo de confianza a su esposo, lo cual a su vez originó que en marzo de este año el representante de Morena en el organismo denunciara ese hecho de nepotismo ante el Instituto Nacional Electoral y solicitara su remoción.

Al final no fue necesario que el INE ordenara su destitución, pues ella misma renunció el martes de esta semana, cuando supo que su despido era inevitable. ¿Qué indujo a Marisela Reyes a ese comportamiento, si obviamente sabía que los actos de nepotismo no sólo son muy mal vistos, sino que son un delito y están expresamente prohibidos en cualquier área de responsabilidad pública? Importa la pregunta porque se trata de una mujer preparada, porque obviamente sabía lo anterior y porque en anteriores episodios de orden público mostró sensibilidad y sensatez.

Licenciada en ciencias de la comunicación por la UNAM, y con experiencia adquirida hace veinte años como corresponsal de un medio de la Ciudad de México, Marisela Reyes coronó su vida profesional con el cargo de consejera y presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en el que fue nombrada en octubre de 2014.

Con experiencia en materia electoral adquirida en el Tribunal Electoral del Estado y en el propio órgano que encabezó hasta el martes, Marisela Reyes alcanzó ese puesto después de haber aspirado y ser boicoteada al menos en una ocasión anterior por los diputados locales, que no la designaron pese a haber obtenido la mejor calificación en los exámenes que se aplicaron a los aspirantes a consejeros electorales.

Pero una vez en el cargo, sus destacadas calificaciones parecen haber sido hechas a un lado para exhibir un rostro diferente del que proyectaba, y con ello comenzaron también los cuestionamientos hacia sus actos. El más sensible de todos fue el de los altos sueldos que tenían hasta el mes de julio todos los consejeros electorales, empezando con el más alto, el de ella. En ese tema, la presidenta del IEPC se convirtió en una funcionaria distinta y se puso a la cabeza de una lucha completamente equivocada.

Aunque se sabía de los elevados sueldos de los consejeros electorales de Guerrero, fue en enero de este año cuando el tema salió a flote con más fuerza, a raíz de las reducciones que proliferaron en el sector público debido al incremento en los precios de las gasolinas. Como en el gobierno federal, en el estado de Guerrero la alta burocracia rebajó sus sueldos, no mucho pero los rebajó, en solidaridad con la población golpeada con el gasolinazo. También los consejeros electorales.

Marisela Reyes tenía en enero un sueldo bruto de 287 mil pesos y los demás consejeros de 237 mil pesos mensuales. Con la reducción de 10 por ciento practicada en enero, el sueldo neto de la presidenta del IEPC quedó en 191 mil pesos. Sin embargo, la Auditoría General del Estado emitió en abril de este año una resolución que obligó a los consejeros electorales a reducir en 50 por ciento sus sueldos, pues los altos montos que obtenían violaban la Constitución estatal al superar por mucho el sueldo mensual del gobernador, que es de 146 mil pesos brutos.

Los consejeros acataron en mayo la determinación y aprobaron la reducción de 50 por ciento. El sueldo de Marisela Reyes quedó entonces apenas por abajo del sueldo del gobernador Héctor Astudillo. Peor de inmediato, cinco de ellos interpusieron una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra el acuerdo aprobado por ellos mismos. Esos cinco (de siete que son) fueron Marisela Reyes, Alma Delia Eugenio Alcaraz, Rocío Calleja Niño, Jorge Valdez Méndez y Benjamín Ruiz.{ Según declaró el lunes la ex presidenta del IEPC, su impugnación se basa en la legalidad. “Es un tema de legalidad a nivel constitucional, de la Ley Federal de Trabajo, de derechos adquiridos y lo que me preguntaría, por qué si es el salario que está vigente desde 2013, 2012, ¿por qué antes no sobrepasaba los topes y ahora sí?” (Reforma, 11 de septiembre de 2017)

No es así, sin embargo, como es percibido el caso de los altos sueldos del IEPC y la impugnación encabezada por Marisela Reyes, cuyo esfuerzo por recuperar sus percepciones no merecieron ningún aplauso. Menos, si se toma en cuenta que, por añadidura, había nombrado a su esposo como responsable de algo llamado Oficialía Electoral y pesaba contra ella la acusación de nepotismo. En ese contexto, esas acciones simple y sencillamente no podían ser toleradas por el INE, que en la misma sesión en la que se discutía el caso de Marisela Reyes dio cuenta de consejeros de otros estados que incurrieron igualmente en esa práctica.

¿Qué es lo que hizo perder la cabeza a la ex presidenta del IEPC? Posiblemente el ambiente que prevalece en todos o en casi todos los consejeros electorales, no sólo los de Guerrero sino del país. La prominencia y el protagonismo del cargo, los altos sueldos y las generosas prestaciones tienen el poder de alterar la conducta y cegar a las personas, que se asumen diferentes del resto de los simples mortales. Y eso, desde luego, es indefendible.

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