Otro país/Tomás Tenorio Galindo 

El 2018: algo cambió, pero no todo

Una propuesta planteada por Andrés Manuel López Obrador el 14 de septiembre, después del sismo del día 7, considerada inviable y desdeñada en su momento por todos, se convirtió después del terremoto del 19 de septiembre, en medio de la presión ciudadana y el dolor de la tragedia, en un proyecto de partidos que amenaza con convertirse en un monumental e irresponsable acto de demagogia.

López Obrador dijo que su partido, Morena, donaría a los damnificados del primer sismo el 20 por ciento de los recursos públicos que recibe. Razonablemente, el INE aclaró que eso no era procedente porque el dinero para los partidos está destinado a ser utilizado exclusivamente en las tareas autorizadas. Pero con el terremoto del 19 y la presión social contra el derroche de recursos en las campañas, el INE cambió su posición y dijo que los partidos podían renunciar al dinero público para que sea regresado a Hacienda, desde donde puede canalizarse hacia los damnificados y la reconstrucción. A continuación, el PRI anunció su decisión de renunciar a los 258 millones de pesos que aún le corresponden de las prerrogativas de este año, decisión ya formalizada ante el organismo electoral.

Hoy, en un espectáculo inimaginable hace un mes, todos los partidos no sólo están dispuestos a ceder el dinero público que les toca, sino a reformar la ley para que el próximo año, en plena campaña por la Presidencia de la República, sea cancelado el sistema que con recursos públicos garantiza el financiamiento de los partidos políticos. Es una insensatez, porque ese extremo arrojaría a los partidos al dinero privado y por esa vía al riesgo de que el crimen organizado infiltre el proceso electoral.

El PRI fue el primero en proponer esa absurda idea, y no tardaron el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, constituidos en el Frente Ciudadano, en seguirlo en esa aventura con otras propuestas que para este momento ya son iniciativas de reformas a la ley o están a punto de serlo. En un acto de audacia, el PRI se hizo eco de una vieja demanda social y retomó la idea de eliminar de una vez los legisladores plurinominales para que sólo haya 300 diputados federales y 64 senadores, como en la prehistoria política.

De acuerdo con el PRI, la eliminación del subsidio gubernamental a los partidos liberaría el próximo año los 6 mil 800 millones previstos en el presupuesto que el Instituto Nacional Electoral incluyó en su proyecto de presupuesto. A su vez, la supresión de los legisladores plurinominales facilitaría un ahorro de otros 11 mil 600 millones de pesos. Y si todos los partidos renuncian a las prerrogativas que aún restan de este año, como ya lo hizo este partido, el PRI calcula que, en total, quedarían liberados unos 20 mil millones de pesos susceptibles de ser aplicados a las tareas de reconstrucción y ayuda a los damnificados. Más todavía, entre los planes priistas se encuentra una iniciativa adicional para eliminar del presupuesto federal del próximo año la partida de la que suele salir el dinero para que los diputados gestionen obras en sus distritos, y que se ha hecho famosa porque de ahí proceden los sobornos conocidos como “moches”, moches para los mismos diputados. Esa partida tiene asignados este año 9 mil 300 millones de pesos.

Por su parte, el Frente Ciudadano por México va por más que lo anterior, pues plantea, además de suprimir el financiamiento público a los partidos, una reforma que establezca las bases de un amplio recorte de gastos suntuarios del gobierno federal y a la burocracia federal. Eso, calcula el PAN, el PRD y MC, traería la liberación de 60 mil millones de pesos que serían destinados a la reconstrucción.

Morena quiere ir todavía más allá que el PRI y el Frente, pues su iniciativa plantea, además de la eliminación del financiamiento a los partidos, una reforma que permita reasignar recursos del presupuesto y crear un fondo especial de 302 mil millones de pesos para atender la reconstrucción del país después de la devastación provocada por los sismos de septiembre.

Este insólito torneo de iniciativas –extraordinario espectáculo nunca antes visto en el país– es un desesperado intento de los partidos políticos por situarse junto a los ciudadanos en la emergencia causada por los sismos. Es también una manifestación de la lucha por el poder, en la que cada cual busca crear las condiciones que más le favorezcan y, al mismo tiempo, más problemas generen a los otros en la perspectiva de la elección presidencial del 2018.

Es notable la reacción y la estrategia del PRI, partido al que ya no parece preocuparle tanto ganar las elecciones como tratar de impedir que Morena o el PAN (eventualmente con el Frente) obtengan la victoria. Es por eso que renuncia al subsidio público y arrastra a los demás a hacer lo mismo, en el supuesto de que eso le causa más problemas a la oposición. Por lo visto tampoco le preocupa ya el riesgo real de que la ausencia de recursos públicos sea sustituida con recursos de procedencia ilícita, precisamente una de las razones en que se funda el abultado subsidio oficial que reciben los partidos.

Finalmente, es evidente que esta reacción histérica de los partidos demuestra que el escenario de las elecciones del próximo año ya cambió, que el temor del PRI de perder la Presidencia se acentuó el 19 de septiembre y que la oposición se esfuerza por captar las señales ciudadanas que irrumpieron en el país al mediodía de aquel martes. Hay algo que no ha cambiado, sin embargo, y es que la contienda se concentra en Morena y en el frente PAN-PRD-MC.

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