Otro país/Tomás Tenorio Galindo 

El caso Ranferi y el informe de Astudillo

El caso del asesinato del ex presidente del PRD en Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo, junto a su esposa, su suegra y el chofer que los acompañaba –ocurrido el domingo pasado en las proximidades de Chilapa–, puede ser un hecho delincuencial más o un acto con móviles políticos que se quiso hacer pasar por un ataque común.

La clave del múltiple homicidio quizás se encuentre en la incineración de los cuerpos dentro del vehículo en el que viajaban, elemento que parece haber tenido el propósito de borrar rastros de algo, pues el uso del fuego no es una característica común en las prácticas del crimen organizado.

Esa particularidad del crimen y el perfil político y social de Ranferi Hernández –contra quien suponemos estuvo dirigido principalmente el ataque— le confieren al acontecimiento la mayor importancia, pues contiene un elevado potencial desestabilizador. Como si los responsables se hubieran propuesto eso, desafiar o provocar al gobierno generando una alteración adicional en el contexto de la violencia cotidiana de Guerrero, y como si hubieran tenido certeza del impacto público que el atentado tendría durante la semana en que el gobierno de Héctor Astudillo Flores cumple dos años y éste acudiría al Congreso a presentar su informe de labores, lo que hará precisamente este día.

Nada de lo anterior parece casual, ni puede omitirse en las hipótesis de la Fiscalía General del Estado. Se trata, por eso mismo, de un caso diferente de las ejecuciones de integrantes del PRD en el último año. Empezando porque desde hace tres años Ranferi Hernández no era militante del PRD, sino activista de Morena, y porque no ejercía ni había ejercido recientemente algún cargo como los que tenían o tuvieron los perredistas asesinados, aunque de acuerdo con testimonios de los promotores de Andrés Manuel López Obrador aspiraba a ser candidato a diputado por este partido.

El interés mostrado por el gobierno del estado, que se tradujo en la estrategia de ofrecer una recompensa de un millón y medio de pesos por información que conduzca a los responsables del crimen, ofrece una medida de la preocupación con la que el gobierno de Astudillo Flores, y él mismo, ven el caso de Ranferi Hernández. Sin embargo, hasta ayer no existían indicios de que el homicidio estuviera por ser resuelto como para que el gobernador acudiera la mañana de hoy al Congreso del Estado a leer su informe sin la sombra de este caso.

Por otra parte, es de hacer notar la sensatez de Héctor Astudillo al reconocer que la inseguridad y la violencia siguen siendo el principal problema del estado. En Teloloapan, dijo ayer que “ha faltado, para la paz, por supuesto, que bajen los índices de violencia, ese yo creo que es un punto central y es el mismo que reconozco”. Pero en cambio, dijo, “hemos avanzado en el orden”, en referencia a la gobernabilidad que existe en Guerrero y que, efectivamente, fue destrozada por los dos gobiernos anteriores del PRD.

En lo que va de la gestión de Héctor Astudillo, el único respiro que la violencia ha concedido al estado es el de septiembre del año pasado, después de que el gobierno federal aplicó el programa especial de seguridad en los 50 municipios más violentos del país, entre los que estaban incluidos seis de Guerrero (Acapulco en primer lugar). No se sabe en que quedó esa estrategia, pues el número de muertos sigue siendo igual, especialmente en Acapulco, que concentra la mitad de las estadísticas estatales causadas por la inseguridad.

Aunque en su exposición en el Congreso este jueves el gobernador de Guerrero pondrá el acento en cuánto ha avanzado en la recuperación del orden, es inevitable que haga un pronunciamiento sobre la violencia. Es muy conocida su tesis de que la mortandad en Guerrero tiene su origen en la siembra de amapola y el tráfico de la goma de opio que se extrae de la flor, y ese diagnóstico es ampliamente compartido incluso en el ámbito federal, pero hasta ahora la propuesta de Héctor Astudillo de legalizar la siembra de amapola con fines medicinales no ha encontrado el apoyo que necesita en la agenda nacional. De tanto en tanto, y eso quiere decir cada quince días, el Ejército o la Policía Federal destruyen por millones plantas de amapola en la sierra de Chilpancingo, donde el clima favorece el crecimiento de la planta, pero los cultivos no se acaban. Tampoco se acaba la violencia asociada a ese negocio ilícito, que no puede ser enfrentada ya con los mismos criterios, las mismas tácticas y los frustrantes resultados obtenidos hasta ahora. Quien mejor lo sabe es el propio Héctor Astudillo.

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