Otro país/Tomás Tenorio Galindo 

Violencia récord con Peña Nieto

El informe de las estadísticas oficiales sobre el número de homicidios en el país, que registra el récord de 2 mil 371 ejecuciones sólo en el pasado mes de octubre y 23.6 por ciento más en los primeros diez meses de este año que en el mismo lapso de 2016, muestra claramente el naufragio que arrastra al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Por más invocaciones que realice a la responsabilidad que atañe a los gobiernos estatales y municipales en esta crisis, lo cierto es que el primer responsable es el gobierno federal. El gobierno de Peña Nieto es el que diseñó la estrategia contra la inseguridad, cualquier cosa que sea llamada con ese nombre, y el que tiene el control de las fuerzas que combaten al crimen en todo el país.

Octubre fue el mes más violento de este sexenio y también el más sangriento en veinte años, y 2017 el peor también desde hace veinte años. Y según las proyecciones, el gobierno de Peña Nieto terminará dentro de un año con una cifra de homicidios dolosos que rondará los 120 mil, algo así como 20 mil más que en el sexenio de Felipe Calderón. Desde cualquier punto de vista, se trata de una estadística impresionante que refleja el fracaso y la incapacidad del gobierno para devolverle al país la tranquilidad que perdió hace diez años.

Hace apenas unos días se quejaba el presidente Peña Nieto de la crítica social al trabajo de las instituciones en materia de seguridad pública, y de la falta de reconocimiento cuando hacen bien su labor. Quien desconociera el contexto de esa queja le concedería el beneficio de la duda y hasta mostraría benevolencia hacia la queja presidencial. Pero las 93 mil ejecuciones acumuladas en los cinco años que han transcurrido del gobierno de Peña Nieto, comparadas con las 80 mil del mismo periodo de Calderón (Reforma, 22 de noviembre de 2017), ponen contra la pared al presidente Peña Nieto en sus alegatos en defensa de las instituciones de seguridad pública. Sencillamente no hay nada qué aplaudir, nada qué reconocer. El trabajo para el que el presidente solicita reconocimiento no existe.

Hace cinco años parecía imposible que pudiera ser superada la amarga frustración que dejaba el sexenio de Calderón, pero los datos oficiales indican que de entonces a la fecha en materia de inseguridad y violencia las cosas han tocado una profundidad tal, que la sociedad se ha visto obligada a llevar al extremo su capacidad de asombro, tolerancia y sobrevivencia. Esa realidad ha desplomado la calificación de la sociedad al desempeño del presidente Peña Nieto.

Una encuesta publicada el martes por el diario El Universal reportó una aprobación de 31 por ciento al trabajo del presidente, lo que supone una mejoría de tres puntos porcentuales en relación con el trimestre anterior. Sin embargo, ese porcentaje se pulveriza frente al nivel de desaprobación, que es de 64 por ciento. Es decir, sólo tres de cada diez mexicanos cree que el presidente Peña Nieto hace bien las cosas, y al menos seis creen que las hace mal. Pero los demás datos de esa encuesta no dejan duda de cuál es la percepción que el país tiene de su presidente, pues 70 por ciento dijo que México va por mal camino (frente a 18 por ciento que cree que ve un rumbo positivo) y 84 por ciento que Peña Nieto sigue rebasado por los problemas (frente a 12 por ciento que considera que los tiene bajo control).

Frente a ese panorama concreto y documentado, y justo en el filo de la sucesión priísta, nada más oportuno que preguntarse si es posible que el PRI tenga la oportunidad de que los electores le den el triunfo en las elecciones presidenciales del próximo año, o si el derrumbe de la imagen presidencial hundirá a su candidato irremediablemente. ¿Cómo podría ganar el partido de Peña Nieto, si siete de cada diez mexicanos consideran que el presidente lleva al país por mal camino? Sólo hay una forma: dividiendo a esos siete.

Figueroa, la voz de la experiencia

Hace ocho días el ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, dijo en Chilpancingo que es prácticamente imposible impedir que el narcotráfico se infiltre en las elecciones, pues está en las manos de cada candidato. “Eso no es tan sencillo; quien se quiere meter a esas fiestas lo va a hacer; no lo puedes evitar, no le vas a andar poniendo pilmama a cada candidato; cada quien tiene su responsabilidad, su madurez política, y deben saber que deben cumplir la ley”, dijo. Sabe de lo que habla. Ese tema es particularmente delicado en Guerrero, donde abundan los casos de políticos, presidentes municipales o diputados que de tanto en tanto despiertan sospechas de tener vínculos con el crimen organizado. Figueroa mismo no es ajeno a esa realidad, pues durante años protegió a Rogaciano Alba Alvarez, un cacique de la Costa Grande que fue alcalde de Petatlán, detenido hace siete años por sus nexos con el narcotráfico. Cuando eso sucedió, Figueroa dijo que él nunca supo nada.

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