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CIUDAD DE MÉXICO, 12 de septiembre de 2017.- Irregularidades en los procedimientos de licitación y/o adjudicación, trabajos ejecutados sin comprobación documental, incumplimiento al programa de obra convenido, pagos en exceso, inadecuada planeación, programación y supervisión de la obra son algunas de las anomalías que encontró la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la auditoría del Paso Express en Cuernavaca, fallida obra que cobró la vida de dos personas y eso nada más en cuatro contratos.
El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, confirmó la muerte de dos personas que viajaban en su vehículo que cayó en el socavón que se hizo en el Paso Express el 12 de julio por la madrugada.
A dos meses de la tragedia, la SFP a través de la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública y del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, concluyó la auditoría a la obra del Paso Express de Cuernavaca, Morelos.
Este proceso tenía como objetivo verificar que las contrataciones relacionadas con dicha obra hayan sido ejecutadas, pagadas y concluidas con estricto apego al marco jurídico aplicable pero esto no fue así, hubo corrupción y la Secretaría de la Función Pública lo comprobó, se determinaron 22 observaciones a los cuatro contratos auditados, que suman un monto observado de mil 34.4 millones de pesos.
La SFP explicó en un comunicado que fueron objeto de auditoría únicamente cuatro contratos y los convenios modificatorios correspondientes, relacionados con la construcción y los servicios de la obra del Paso Express de Cuernavaca.
“La auditoría se inició en la Dirección General del Centro SCT Morelos y durante su realización se amplió a la Dirección General de Desarrollo Carretero y a la Dirección General de Carreteras, ambas de la SCT y como resultado a las tres áreas mencionadas, se determinaron 22 observaciones a los cuatro contratos auditados, que suman un monto observado de 1,034.4 millones de pesos”, detalló la Función Pública.
“Las tres áreas auditadas fueron notificadas de los resultados obtenidos y, de acuerdo con el marco jurídico, disponen de 45 días hábiles para atender los hallazgos. En aquellos casos donde se identifique una conducta indebida de servidores públicos o no se atiendan dichas observaciones conforme a las disposiciones aplicables, se iniciarán los procedimientos de responsabilidad correspondientes”, concluye la dependencia federal.