Política migratoria: una historia olvidada

CDMX, 27 de febrero, 2017.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió el 24 de febrero al mismo discurso que viene pregonando desde su campaña electoral. Una vez más repitió que el muro fronterizo con México ayudará a evitar que lleguen a su país criminales y narcotraficantes.

Trump fue enfático en la Conferencia Anual de Acción Política Conservadora (CPAC), el principal grupo conservador de Estados Unidos, en su intención de construir un “gran muro” para asegurar la frontera sur del país.

Estas afirmaciones se dan en un contexto que Trump estableció el 21 de febrero sobre sus nuevas directrices para reforzar el control migratorio, con un agresivo plan que incluye acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados y contratar a 15 mil nuevos agentes.

Esta realidad no es nueva y tiene su primer precedente en los sucesos del 11 de septiembre de 2001, que desencadenaron un momento de incertidumbre y desaceleración económica que endurecieron la actitud del gobierno y de la opinión pública estadounidense, lo que generó un clima preponderantemente anti migratorio, que afectó en particular a la población mexicana como a ningún otro grupo.

El nuevo contexto, aunado al hecho de la presencia de más de 8.5 millones de inmigrantes no autorizados en los Estados Unidos para ese momento, hizo resurgir la idea xenofóbica de que una célula terrorista pudiera cruzar hacia el territorio estadounidense a través de su porosa frontera Sur, de la misma forma en que un inmigrante cruza como “ilegal”.

La respuesta fue aumentar en los puertos de entrada fronterizos, particularmente en el Sur, la presencia de Agentes Federales y elementos de la Guardia Nacional. Este hecho se puede confirmar si se advierte que, mientras en la frontera con México operaban 9 mil 300 agentes, solo existían 300 oficiales vigilando la frontera con Canadá Desde la administración de James Carter, el director de la CIA, William Colby, confirmó que el incremento en los flujos de inmigración procedentes de América Latina, constituían una amenaza mayor para la seguridad de su país que la misma Unión Soviética.

Con la aprobación de la “Ley Patriota”, en el año de 2001, y la “Ley de Seguridad Fronteriza Mejorada y de Reforma de Visa de Entrada” de 2002, se reforzaron significativamente los poderes del gobierno federal en las áreas de vigilancia y detención de sospechosos de terrorismo en las zonas fronterizas.

En 2002, se aprobó, asimismo, la “Ley para la Seguridad Interior” (Homeland Security Act), que creó el área de seguridad interior, con la finalidad de integrar las 22 agencias federales con responsabilidad sobre seguridad al interior de las fronteras, buscando reducir la vulnerabilidad de Estados Unidos frente al terrorismo. El Department of Homeland Security (DHS), ha sido la oficina gubernamental de mayor crecimiento, registrando un aumento en la última década.

Las administraciones presidenciales y el Congreso estadounidense, controlado por republicanos o demócratas, comparten múltiples propuestas contra la inmigración indocumentada. Cabe señalar que desde los años noventa, el ambiente político estadounidense se enrareció aún más sobre la presencia de los migrantes.

En el proceso de la firma del Tratado de Libre Comercio en el año de 1993, se iniciaron las políticas disuasivas de corte militar, con diversas acciones que recibieron nombres como Operación “Bloqueo”, “Guardián” y “Salvaguardia”, entre otras. En 1994, surgió la “Propuesta 187” en California, que buscaba negar el acceso a los servicios públicos a los inmigrantes.

En 1996, el Congreso estadounidense aprobó leyes represivas como IIRIRA y PRWORA que buscaban quitar a los inmigrantes, irregulares o legales, el derecho a servicios gratuitos federales, como los de asistencia médica y alimenticia. Con los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, el Congreso y el Gobierno de Estados Unidos reforzaron las leyes y medidas de control de la inmigración, respondiendo a las actitudes xenófobas y nativistas por parte de grupos de la sociedad estadounidense.

Leyes como la “SB1070” de Arizona o la “HB56” de Alabama, dan cuenta de que Trump lo único que hizo fue encaminar estas disposiciones en donde la xenofobia y la represión se ven como la solución al problema de la migración ilegal. Esta política migratoria se escuda en el antiterrorismo, busca militarizar la frontera, y criminaliza a los migrantes, como actores fundamentales de una parte de la problemática que vive Estados Unidos una de las sociedades más ricas del mundo, donde se cataloga al inmigrante indocumentado como “ilegal”, y se le somete a un régimen de explotación con base en sus estatus migratorio.

El autor del artículo es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.