Por no detenerse, le disparan federales y pierde brazo en Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de abril de 2019.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 16/2019 al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, por violaciones a los derechos humanos a la integridad personal con motivo del uso excesivo de la fuerza en agravio de una persona, así como acceso a la justicia en su modalidad de procuración y a la verdad, atribuibles a dos elementos de la Policía Federal en el estado de Guerrero.

Tras su investigación detallada en un comunicado, la CNDH observó inconsistencias en los hechos narrados por los policías federales, quienes omitieron informar de manera completa y veraz lo sucedido e hicieron uso excesivo de la fuerza; no comunicaron de manera inmediata la detención del agraviado ante el Agente del Ministerio Público para que determinara su situación jurídica; la víctima fue puesta a disposición 22 horas y 30 minutos después de su detención, y tampoco informaron el traslado para su atención médica al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de Arcelia, donde certificaron las lesiones.

Este Organismo Autónomo considera que la investigación de los delitos es compatible con el respeto a los derechos humanos, y la Policía Federal en el combate a la delincuencia debe actuar con profesionalismo, haciendo uso legítimo de fuerza conforme a las normas que la regulan de acuerdo a los parámetros de racionalidad, objetividad y proporcionalidad. La CNDH cuenta con evidencias para establecer que los agentes de la PF incumplieron los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad de acuerdo con los estándares internacionales correlacionado con los artículos 19 fracción XXXIII de la Ley de la Policía Federal, 40 párrafo primero de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Acuerdo 04/2012 relativo a los “Lineamientos generales para la regulación del uso de la fuerza pública por las instituciones policiales de los órganos desconcentrados en la Secretaría de Seguridad Pública”.

El 8 de julio 2015, el agraviado presentó queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, en que denunció que el 5 de mayo de ese año circulaba en una motocicleta a la altura de la avenida Lázaro Cárdenas de la colonia Progreso, en Arcelia, Guerrero, cuando policías federales le marcaron el alto y ante el temor de ser detenido omitió la indicación y dio vuelta, por lo que los policías le dispararon con armas de fuego, causándole heridas que le hicieron perder el brazo derecho, no le brindaron asistencia médica inmediata y tuvo que subirse a la patrulla para que lo trasladaran al servicio médico, además de ser acusado por delitos que no cometió.

En razón de competencia, la Comisión Estatal remitió la queja a la CNDH. Los agentes federales indicaron que habían repelido una agresión y al auxiliar a la víctima, se percataron que portaba un arma y dos bolsas con sustancias prohibidas.

Este Organismo Autónomo determinó que no existen indicios de que el agraviado hubiera accionado algún arma de fuego y acreditó que los elementos de la PF hicieron uso excesivo de la fuerza durante la detención y no agotaron acciones que causaran menos daños durante su aseguramiento, ya que dispararon bajo la explicación de repeler una supuesta agresión, la cual no fue acreditada. Por lo anterior, la CNDH recomienda al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, repare integralmente los daños a la víctima en términos de la Ley General de Víctimas, se le inscriba en el Registro Nacional de Víctimas y se le brinde atención psicológica, médica y, de ser candidato, se le proporcione y adapte una prótesis en la extremidad derecha.

También deberá colaborar en la integración de la carpeta de investigación por la denuncia que la CNDH realice ante la Fiscalía General de la República contra los dos policías responsables, y en la queja que presente ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, además de anexar copia de la Recomendación en los expedientes laborales de esos elementos.

Igualmente, deberá proporcionar a los agentes de la PF equipo videográfico y fotográfico para acreditar su actuación bajo a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; capacitar al personal en derechos humanos, instrumentos normativos y acuerdos mencionados en la Recomendación, que deberán estar disponibles de manera electrónica y designar a un servidor público que dé seguimiento al cumplimiento de la Recomendación.