La Armada de México es un baluarte de libertad: Claudia Sheinbaum
COLIMA, Col., 22 de junio de 2017.- En atención a la diligencia realizada en Manzanillo el 15 de junio, por la Procuraduría General de la República por la presunta invasión de terrenos del Grupo Empresarial Ángeles por parte de la Secretaría de Marina, información que fue publicada por Quadratín Colima (https://colima.quadratin.com.mx/manzanillo/obstruye-semar-diligencia-la-pgr-manzanillo/), la Semar emitió un comunicado al respecto, el cual se reproduce textualmente:
La Secretaria de Marina Armada de México emitió un fuerte reclamo a la delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado de Colima por la presencia irregular de presuntos agentes armados de la Policía Ministerial Federal que intentaban introducirse sin documentación jurídica, ni identificación oficial, a instalaciones de seguridad de la Semar en Manzanillo, un complejo habitacional de familiares militares, poniendo en riesgo a sus habitantes y violentado la ley.
Mediante un oficio girado por el almirante Jorge Alberto Burguete Kaller, Comandante de la Sexta Región Naval, la Semar informó que el pasado 15 de junio un grupo de siete personas, dos de ellas con uniformes aparentes de la Policía Ministerial Federal, dos armados y uno con chaleco antibalas, se apostaron en la entrada de la unidad habitacional naval localizada en la colonia Playa Azúl donde tomaron fotografías e intentaron el acceso sin identificación, vulnerando las disposiciones relativas a los perímetros de seguridad de instalaciones consideradas de seguridad y no obstante ser atendidos por la guardia naval que ahí se encontraba, se negaron a proporcionar datos de su persona o de la diligencia en cuestión.
Reclama la Semar que el procedimiento “transgrede las disposiciones tanto del artículo 16 de la Constitución en cuanto al respeto a la familia, domicilio y posesiones, como a las normas de seguridad perimetral que deben observarse en todas aquellas instituciones de seguridad de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública”, por lo que solicitó a la representación de la Procuraduría General de la República efectuar la investigación y sanción correspondiente.
Los hechos se presentan en torno a un antiguo proceso judicial que sostiene el Grupo Empresarial Ángeles, propietario de la cadena hotelera Camino Real contra la Secretaría de Marina por la presunta invasión de terrenos, mismos que fueron otorgados legalmente a la dependencia por la Secretaría de la Función Pública según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de abril de 2012 y donde se construyó la Unidad Habitacional para el personal naval y sus familias.