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CIUDAD DE MÉXICO, 28 de mayo de 2019.- La comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios Prieto, propuso ante diputados federales crear una nueva ley general de contrataciones públicas que sustituya a la actual Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para evitar actos de corrupción entre funcionarios públicos y proveedores de insumos al gobierno.
Durante su participación en el foro, La competencia económica en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, organizado por las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, la funcionaria señaló que dicha legislación tendría que establecer la inhabilitación para aquellas empresas que se coludan con funcionarios públicos a fin de obtener contratos de los gobiernos o información privilegiada.
Explicó que, aunque las sanciones monetarias administrativas de la Cofece son relevantes, en realidad, a las empresas que, dijo, le roban al erario público, lo que más le duele es la inhabilitación.
Palacios Prieto llamó a las distintas dependencias del Estado mexicano a cerrar filas para atacar estos casos de corrupción y colusión, y por ser un tema relevante para el Plan Nacional de Desarrollo, dijo que el Legislativo debe contribuir.
“Algo que se podría trabajar, desde el Legislativo, es una nueva ley general de contrataciones públicas, para que a las empresas que han participado en colusiones, que han vendido al gobierno con sobreprecios, se les inhabilite”, manifestó.
Subrayó que dicho ordenamiento legal también tendría que contener candados para evitar que las empresas simulen competencia con el propósito de vender a sobreprecios a los gobiernos, o subcontraten a terceros cuando obtienen contratos con entes públicos, ya que ahí es donde se da la corrupción.
“Si nosotros exigiéramos a las empresas que le venden al Estado, desde antes, a priori, hacer público a quién van a subcontratar y por qué, cerraríamos esa pinza a la subcontratación indebida, ilegal”, sostuvo.
La funcionaria dijo que desde hace varios años la Cofece ha detectado colusión y verdaderas conductas corruptas por sobre precios, falta de trasparencia y pulcritud en las compras de Gobierno sobre todo en el sector salud. Refirió que, se ha sancionado con 113 millones de pesos en multas a cinco empresas distribuidoras de materiales de curación como guantes de latex, sondas y condones; así como a siete personas físicas por simular competencia, pues los proveedores se ponían de acuerdo para participar o no en las licitaciones, y para fijar precios de los medicamentos, “conducta ilícita que ha generado pérdidas millonarias al Estado mexicano por 177 millones de pesos”.
Con estos datos, señaló que las empresas proveedoras de medicamentos y materiales curativos para el Gobierno, son las más sancionadas por sobornar a servidores públicos, y aún así, dijo, siguen siendo contratadas, por lo que reiteró la urgencia de hacer más estricta la ley de compras de gobierno.
El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, manifestó su respaldo al planteamiento de la comisionada Palacios Prieto de crear una nueva ley general de compras públicas, y enfatizó que la actual Ley de Adquisiciones tiene muchas salidas para hacer trampa, sobre todo en la parte técnica.
Colmenares Páramo expresó su intención de colaborar para combatir los actos de corrupción en las licitaciones públicas y, ese sentido, propuso firmar un convenio entre la ASF y la Cofece, “para que también nos dé parte de las observaciones que realiza, pues podrían ser muy útiles en esta materia”.
“La eficacia de la fiscalización va de la mano de que las acciones derivadas de las auditorías se acompañen de la identificación de la causa raíz de los problemas observados, así como de que éstas se traduzcan en propuestas correctivas concretas en materia de control interno para hacer instrumentada por los entes auditados”, puntualizó.