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CIUDAD DE MÉXICO, 25 de febrero de 2020.- La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados revivió su muy polémica propuesta hecha en 2009 sobre pena de muerte, solo que esta vez, adecuada a los tiempos que se viven, por lo que proponen la pena de muerte por homicidio doloso y feminicidio perpetrado a menores de 18 años.
En conferencia de prensa desde el recinto legislativo de San Lázaro, el coordinador ecologista, Arturo Escobar, destacó que la comisión de conductas tan aberrantes como las que se han conocido en los últimos meses en contra de mujeres y menores de edad, es lo que obliga a volver a esta iniciativa.
Señaló que el Estado no está cumpliendo con su obligación de garantizar seguridad y protección a la población, especialmente a las niñas y niños.
“Además de quedar expuestos (niñas y niños) a sanguinarios criminales, la violencia que se aplica en ellos genera gran dolor a sus familias e indignación en la sociedad, como lo sucedido recientemente en contra de la niña Fátima”, sostuvo.
Explicó que esta iniciativa se enfoca exclusivamente a menores de edad porque se encuentran en un estado de vulnerabilidad que los lleva a tener poca o nula capacidad de prevenir una agresión en su contra, o pedir ayuda.
Señaló que se están asegurando de que la iniciativa prevea en la parte constitucional y en las leyes secundarias, factores innovadores, como el hecho de que, de manera oficiosa y en última instancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conozca del asunto y con ocho votos de los 11 ministros se confirme la sentencia.
El líder nacional del Partido Verde y diputado federal, Carlos Puente, aseguró que esta iniciativa es un clamor ciudadano y un reclamo de miles de mujeres, hombres y jóvenes que no han encontrado respuesta del Estado al clima de inseguridad que vive el país.
Aunque reconoció que son medidas extremas para casos extremos, reiteró que es un clamor de la ciudadanía e incluso de otros partidos que han manifestado su apertura, por lo menos, a poner el tema sobre la mesa para analizarlo, debatirlo y discutirlo de forma transparente para llegarlo a considerar una sanción ejemplar que permita al mismo tiempo, prevenir otras atroces agresiones.
“Al no encontrar una respuesta a estos crímenes que se cometen, a estos altos índices de violencia, consideran que se requiere al menos dialogar, discutir, y analizar lo que puede ser una sanción ejemplar, una sanción mayor para buscar inhibir ese tipo de conductas.
“Son medidas extremas para casos extremos, entendemos que México está viviendo un estado de excepción, ese clamor ciudadano ya lo han manifestado otras fuerzas políticas y dese el Partido Verde celebramos esa apertura”, enfatizó.
Señaló que existen diversos estudios de opinión, donde un amplio porcentaje de los mexicanos piden analizar la propuesta de pena de muerte a este tipo de criminales, y reiteró en la necesidad de dar respuestas claras a los familiares de las víctimas, a través de castigos ejemplares a los responsables.
“Hoy en México se vive la pena de muerte que la decretan los criminales a niñas, niños jóvenes y mujeres, y esto no lo podemos seguir tolerando (…) Hoy el Partido Verde es la voz de miles que claman por poder vivir en paz y tranquilidad, por tener penas y castigos ejemplares que puedan ser preventivo a este tipo de conductas que lastiman gravemente a la sociedad mexicana”, aseveró.
El diputado del Verde e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Marco Gómez, detalló que la propuesta busca modificar cuatro artículos de la Constitución, el 18 que habla de la readaptación social donde se promueve que la pena de muerte sea una excepción a la rehabilitación o la reinserción social.
Así como el artículo 22, el cual tendría que mencionar de forma expresa la pena de muerte por homicidio doloso o feminicidio cuando se trate de menores de 18 años.
También se reformaría el artículo 29, que habla de la suspensión de garantías, en donde actualmente establece que la pena de muerte no será considerada para la suspensión de garantías, lo que se tendría que modificar para establecer de forma clara cuándo sí aplicaría la pena de muerte y por ende la suspensión de derechos en esa materia.
Y por último el artículo 94 de la Constitución para facultar a la SCJN para que conozca los casos donde el castigo tenga que ver con la pena de muerte.
De igual forma detalló que se denunciarían dos tratados internacionales, La Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles, donde no se considera la pena de muerte como sanción.