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Morelia, Mich., 28 de febrero, 2017.-Finalmente parte de la deuda pública del gobierno de Michoacán, que implica casi 11 mil millones pesos será reestructurada a solicitud del gobernador Silvano Aureoles. Esto representa un poco de ahorro, ya que se extenderá a 20 años. Lo que significa una carga menor para la administración estatal.
Obviamente que esta medida tampoco resuelve el problema de fondo al gobierno estatal. Dicho de otra manera hay un déficit de casi 5 mil millones de pesos anuales, que no contempla el presupuesto, y que se han convertido en una carga desde hace casi tres lustros, pero que generó crisis a partir de la administración del perredista Leonel Godoy. Y no por el mal manejo de recursos sino porque le recortaron presupuesto, gracias al rencor que le agarró el entonces presidente Felipe Calderón.
De ahí en adelante ninguna administración ha estado libre de presiones financieras, por la sencilla razón que no alcanza el presupuesto, se acabó el crédito, y por si fuera poco, esta administración federal también entró en crisis lo que posiblemente impedirá un rescate financiero.
Aureoles no ha pedido dinero prestado, y seguramente los gobiernos venideros tampoco lo podrán hacer. Esto significa que es urgente que se realice una reforma fiscal e incluso Constitucional para frenar la crisis que viven la mayoría de entidades, sobre todo donde se concentra mayor pobreza.
Las bancadas del PRI y del PRD aprobaron el predictamen. Los panistas no están de acuerdo, porque al alargar la deuda representa el pago de más intereses.
Es una salida momentánea, porque desgraciadamente se trata de un problema estructural que surgió desde el centro del país al descentralizar los servicios de educación y de salud, pero sin aumentar los presupuestos. Habrá que esperar a que esta misma semana el pleno apruebe la reestructuración de la deuda pública, al menos para darle un respiro a la actual administración, que ya se dio cuenta de dónde surgió el llamado boquete financiero.