Reforma Energética

CDMX, 3 de enero, 2017.- México se caracterizó, durante décadas, por la propiedad de la Nación sobre los recursos del subsuelo y por la exclusividad del Estado en la explotación de esos recursos. Hasta 2016, existió un monopolio en las industrias energéticas, que fue evolucionando progresivamente con diversas reformas, como las de los años noventa, en los casos de la electricidad y del gas natural.

En el sexenio 2012-2018 la falta de transparencia en las licitaciones y en las privatizaciones incrementó de manera histórica los actos de corrupción, la fijación arbitraria de precios y el deterioro de la calidad-cobertura de los servicios públicos. Con las reformas del 2013-2014, el sector energético queda abierto a la inversión privada, nacional y extranjera, enfatizando desde la perspectiva gubernamental solo los efectos favorables que ello tiene para el país.

La llamada “reforma energética”, fue una privatización integral de los activos nacionales porque abarca todos los sectores: petróleo, gas, electricidad y energías renovables. La “reforma energética” tendrá importantes impactos económicos negativos para la mayoría de mexicanos entre ellos el aumento creciente de gasolinas, diésel, gas LP y energía eléctrica.

Desde 1982, la apertura económica y el libre mercado se han venido presentando como una oportunidad para el progreso México; sin embargo, los indicadores económicos y sociales no reflejan este hecho. La continuidad en el enfoque de las políticas públicas iniciadas en el gobierno de Miguel de Madrid y los supuestos beneficios de una economía de “mercado” permaneció en los gobiernos de Acción Nacional encabezados por Vicente Fox (2000-2006) , Felipe Calderón (2006-2012), y con en el retorno del PRI a la jefatura del Poder Ejecutivo se fortaleció con la privatización de Pemex.

Las privatizaciones, en nuestro país, no han mejorado la eficiencia privada y mucho menos la eficacia del sector público y el bienestar social, sino a satisfacer los intereses de los grupos beneficiarios. Se auspició en este sexenio la práctica reconocida entre las élites estadounidenses de que es legítima la “puerta giratoria” (revolving door), esto es, un tránsito cada vez más frecuente de los espacios de decisión públicos a los privados y viceversa.

Se concibió al aparato estatal como un negocio más. Los resultados están a la vista en el saqueo de las arcas estatales de Chihuahua, Sonora, Quinta Roo y Veracruz, entras. Para no mencionar otros hechos más cercanos a la cúpula del poder como es el caso de la participación en México de OHL y de la empresa Odebrecht a la fecha no aclarados.

La campaña electoral de Peña Nieto construyó una agenda cuya promesa era romper con el ciclo de tasas de crecimiento del 2% anual. México es el único país latinoamericano que no ha crecido, razón por la cual la pobreza ha aumentado. El candidato de PRI-PVEM, Peña Nieto, hizo 23 propuestas durante su participación en el primer debate presidencial. La 13, estaba referida a “modernizar” Pemex, con la participación del sector privado y la 16, era la de bajar el precio a combustibles y hacerlos menos contaminantes.

El PRI no alcanzó la mayoría parlamentaria en las elecciones de 2012, lo cual obligó a Peña Nieto a cambiar su estrategia privatizadoras. La agenda política resultante fue un programa de gobierno, que implicaba la construcción de un presidencialismo de coalición con el PAN y el PRD, que aseguraría en el Congreso de la Unión, la aprobación de un amplio paquete de reformas entre ellas la privatización de Pemex a través del Pacto por México.

El Pacto por México (2/12/2012) buscaba la aprobación de reformas que no habían sido suscritas por la falta de acuerdos entre los Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).

En el compromiso 54 quedaba enunciado que se habría de “realizar una reforma energética que sea motor de inversión y desarrollo. Se impulsará una reforma energética que convierta a ese sector en uno de los más poderosos motores del crecimiento económico a través de la atracción de inversión, el desarrollo tecnológico y la formación de cadenas de valor.

La celeridad con la que se concretó la reforma energética en todas sus fases y la amplitud de sus leyes secundarias lleva de manera necesaria a conocer los alcances reales de estos cambios pactados en la muchos de ellos con la secrecía y la complicidad de los grandes Fondos Globales de Inversión.

El autor del artículo es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.