Sancionarán por irregularidades en aplicación de recursos públicos

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de febrero de 2019.- Por unanimidad de 91 votos a favor, el Pleno del Senado de la República reformó el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para fortalecer los mecanismos de control y certidumbre en los procesos de contratación de las entidades públicas.

Es decir, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio no tenga capacidad para hacerlos por sí misma y contrate un tercero para su realización, el titular de la dependencia contratante deberá suscribir los contratos correspondientes y será responsable de vigilar su cumplimiento de los términos formalizados.

El Senado de la República consideró que esto permite establecer responsabilidades administrativas y jurídicas entre los titulares de las dependencias, con lo cual se podrá aplicar sanción cuando exista alguna irregularidad en la aplicación de recursos a través de los contratos.

En nombre de la Comisión de Economía, el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, señaló que el objetivo es impulsar el combate contra actos de corrupción que puedan darse al momento de que instituciones celebren contratos para el otorgamiento de un servicio.

La reforma brinda un instrumento contra las prácticas de corrupción enquistadas en áreas de la administración pública, sin caer en la estigmatización de los servidores públicos ni en generalidades.

Según documentados hechos públicos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre malas prácticas donde se dan moches y se hacen contratos amañados, algunas veces existe colusión entre funcionarios y proveedores, provocando quebrantos en el erario y servicios de mala calidad.

Los senadores de Morena, Ricardo Monreal y Freyda Marybel Villegas Canché, promoventes de la iniciativa, fundamentaron que “México ya no puede soportar más actos de corrupción que se generen por autoridades que tienen a su cargo el uso de recursos públicos”, los cuales deben destinarse a cubrir las necesidades de sectores en situación de vulnerabilidad.