Seguridad de periodistas, fundamental para democracia: CNDH

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de junio de 2018.- En el marco de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión -7 de junio-, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destaca que hasta en tanto todas las personas que ejercen el periodismo en México gocen de condiciones idóneas para realizar sus actividades en un entorno seguro, podremos transitar como nación hacia estadios democráticos donde la libertad de expresión sea no solamente una mera aspiración legal, sino un derecho ejercido y disfrutado por todos nosotros.

En un comunicado, el Organismo Nacional se ha pronunciado en distintas ocasiones por generar condiciones propicias para el ejercicio periodístico. Uno de los requisitos para alcanzar esta meta es prevenir las agresiones y sancionar conforme a derecho aquellas que se hayan cometido, llevando a los responsables ante la justicia, pues la repetición de estas conductas y la falta de castigo genera no solamente un alto índice de impunidad, sino también regiones enteras del país donde la noticia no se publica ante el miedo de periodistas y medios de sufrir una agresión.

Los homicidios y desapariciones de periodistas, así como todas y cada una de las agresiones contra comunicadores que se cometen en el país, dan cuenta de una situación especialmente grave por lo que a la libertad de expresión se refiere, y que requiere el compromiso de las autoridades de los tres niveles de gobierno para acabar con esta situación de alto riesgo y propiciar condiciones de libertad y seguridad para todos ellos.

De los 136 homicidios de periodistas registrados en el país desde el año 2000, el sesenta por ciento (82 casos) se concentra en cinco entidades, Veracruz con 22 homicidios, Tamaulipas con 16 –el más reciente ocurrido apenas el pasado 29 de mayo en Ciudad Victoria-, Oaxaca y Guerrero con 15 asesinatos cada uno, y Chihuahua, con 14 homicidios registrados, lo que debe motivar acciones de prevención e investigación eficaces en esas zonas del país, que además sufren otro tipo de hechos de violencia contra la población en general.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) da seguimiento puntual a la situación que enfrenta el gremio periodístico en el país, y desde 2016 se pronunció a través de la Recomendación General 24 “Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México” respecto del incremento de las agresiones contra quienes ejercen el periodismo, por lo que se hicieron distintas propuestas de política pública para combatir ese fenómeno, y que en el mes de mayo de 2017 los gobiernos federal y de las entidades federativas se comprometieron a darle cabal cumplimiento, misma que puede consultarse en este enlace.

Cabe mencionar que con el objeto de conocer el compromiso y las acciones implementadas por los gobiernos federal y estatales en cumplimiento a la Recomendación General 24, se ha solicitado a diversas dependencias del Ejecutivo Federal así como a los gobernadores de todas las entidades y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México un informe al respecto, cuyas respuestas serán motivo de análisis por parte de la CNDH.

Este Organismo Nacional participa en el esfuerzo de promover y proteger el ejercicio periodístico a través de la capacitación a servidores públicos, periodistas, estudiantes y público en general, además del conocimiento de las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidos en su contra. En el mes de mayo fue dado a conocer el documental “Libertad de expresión, periodismo en México”, con entrevistas a periodistas y especialistas en la materia, y que constituye una aportación para que la sociedad conozca los riesgos que enfrentan los comunicadores en nuestro país. El documental puede consultarse aquí.

Por otro lado, la CNDH saluda la emisión de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Carvajal Carvajal vs. Colombia, que fue notificada el día de ayer, 6 de junio. En dicho asunto, este Organismo Nacional envió al Tribunal Interamericano un escrito de amicus curiae relativo al contexto de violencia e impunidad contra periodistas en esa región y los estándares especiales de debida diligencia en casos de violencia contra comunicadores. Destacan los aportes contenidos en la resolución acerca de la estrecha relación entre las garantías judiciales y la protección judicial, y el derecho a la vida y la libertad de expresión, así como la obligación de proteger el derecho a la familia y la integridad personal de los familiares de los periodistas que son víctimas de una agresión.

Finalmente, es importante destacar que estamos inmersos en el proceso electoral más amplio en la historia de nuestro país, contexto en el que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben garantizar acciones de coordinación y seguridad enfocadas en la prevención de cualquier afectación a periodistas y medios de comunicación, para garantizar que desarrollen la cobertura de las elecciones y demás actividades relacionadas con su labor sin ser sometidos a agresiones o represalias de ningún tipo.