Será 2018 clave para implementar Nuevo Sistema de Justicia Penal

CIUDAD DE MÉXICO, 02 de enero de 2018.- A más de un año de su entrada en vigor, el Gobierno de la República atiende los retos que ha representado el Nuevo Sistema de Justicia Penal, en términos del acceso a la justicia igual para todos los mexicanos, a través de una estrategia basada en 10 acciones focalizadas en aspectos centrales para funcione correctamente.

En lo que va del periodo de consolidación del Sistema de Justicia Penal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contempla las siguientes acciones:

1) Mejora del formato del Informe Policial Homologado (IPH), con la correspondiente actualización del Protocolo Nacional de Primer Respondiente (PNPR).

El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) aprobó el nuevo formato e instruyó al SESNSP para que, en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), establezcan las acciones necesarias para su adecuada implementación a partir de 2018.

2) Promoción de una mayor eficacia de la justicia alternativa y de los dispositivos de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, a través de la consolidación de las unidades de atención temprana de las procuradurías y fiscalías del país.

Se aprobó el Modelo Homologado de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal y de Unidades de Atención Temprana. Asimismo, se acordó que las entidades federativas se comprometen a suministrar de manera oportuna la información que requiere la Base de Datos Nacional en la materia, conforme a los lineamientos que establezca el SESNSP.

3) Desarrollo del Modelo Nacional de Policía en funciones de Seguridad Procesal. Se exhorta a las entidades federativas a asignar recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para la implementación de dicho modelo.

4) Implementación del Modelo Homologado de Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. También, se exhortó a las entidades federativas a asignar recursos del FASP para la implementación de dichos modelos.

5) Instrumentación del sistema integral de justicia penal para adolescentes mediante las acciones coordinadas del grupo de trabajo interinstitucional.

El CNSP estableció que el SESNSP debe generar los mecanismos de coordinación necesarios para la conformación de un grupo de trabajo interinstitucional integrado por la PGR, la CNS, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana (SPPC) y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), con el propósito de elaborar la estrategia de implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

6) Promover el Modelo Mexicano del Programa de Justicia Terapéutica a que se refiere la Ley Nacional de Ejecución Penal.

7) Fortalecer en las entidades federativas la figura de los asesores jurídicos de víctimas.

Para ello, el Gobierno de la República abrió la posibilidad de que las entidades federativas pudieran asignar recursos federales del FASP para infraestructura, equipamiento y capacitación de estos operadores del Sistema de Justicia.

8) Impulsar el programa de actualización y profesionalización de policías, peritos, ministerios públicos y personal del sistema penitenciario en materia del sistema de justicia.

9) Operar un sistema de indicadores que permita evaluar el desempeño de los operadores de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y sistema penitenciario en el sistema de justicia para detectar brechas y estandarizar la operación.

10) Promover un programa de gestión y reorganización institucional de acuerdo a las cargas de trabajo y los resultados efectivos y esperados del SJP.

Una vez que el nuevo Sistema de Justicia Penal fue implementado en todo el territorio nacional, se inició la etapa de consolidación.

El 17 de junio de 2016, los tres Poderes de la Unión firmaron el Acuerdo entre los Poderes de la Unión para su consolidación.

En él, se estableció que cada uno de los Poderes de la Unión, en la esfera de sus facultades, contaría con un órgano como enlace operativo e integrante de la instancia tripartita coordinadora de la consolidación del Sistema de Justicia penal.

Para el caso del Ejecutivo Federal esta responsabilidad recae en la Secretaría de Gobernación (Segob).