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CIUDAD DE MÉXICO, 18 de julio de 2017.- A horas de que entre en operación el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el senador del PRI Enrique Burgos García rechazó que sea el Gobierno federal el de la falta de disposición para que esta instancia no vea la luz sin un Fiscal que en coordinación entre autoridades de todos los órdenes del gobierno enfrenten esta problemática.
“Es responsabilidad de los 128 senadores y de todos los partidos políticos”, dijo el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales a Quadratín México al afirmar que se deben de alejar los mutuos señalamientos de responsabilidades, si es el PRI, el PAN o al gobierno.
En entrevista al término de la reunión de trabajo de la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia–, el legislador del tricolor admitió que por mandato constitucional están en falta por los dos temas: el nombramiento del Fiscal Anticorrupción y los 18 magistrados propuestos por el Presidente de la República.
Este martes vence el plazo de un año establecido en las normas publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de julio de 2016, por lo que el SNA debe entrar en operaciones a partir del miércoles como una instancia creada con la participación de organismos y ciudadanos para enfrentar la problemática institucional de la corrupción.
Por ello, Burgos García reiteró que su coordinador parlamentario, Emilio Gamboa, convocó a la Junta de Coordinación Política, por conducto de su presidente Fernando Herrera, que a la brevedad se reúna este órgano de gobierno para acordar a periodo extraordinario a fin de desahogar los temas prioritarios en la materia.
Por su parte, el diputado del PAN, Federico Döring Casar, consideró que un SNA incompleto es la secuela de lo que se vio el año pasado en el Congreso; “hizo la tarea tarde de las leyes que tenía que sacar en el mes de mayo y las sacó después de las elecciones”, recordó.
“Esa misma complicación que tuvieron los partidos las tienen hoy en día. Algunos caprichos de tendencias partidistas y nombramientos dependen de acuerdos políticos como la Fiscalía Anticorrupción”, contradijo Döring al senador priista.
El legislador del PAN aseguró que el Gobierno de la República ha sido incapaz de concertar el acuerdo con la oposición y es el responsable de que el Sistema Anticorrupción nazca trunco. “No tiene interés de construir acuerdos sino para ver otros temas que no son prioritarios es lo que nos tiene en esta situación tan lamentable”, reprobó.
Reiteró que el Gobierno de la República es quien tiene la obligación de construir el acuerdo para la transformación de la Procuraduría en Fiscalía y sacar adelante las propuestas de nombramientos que están en el Senado.
“Está muy tarde y muy lento en sus esfuerzos de cabildeo”, en consecuencia, advirtió que muchos pillos van a poder promover un amparo debido a que la instancia que conocerá de sus casos de fechorías, será un híbrido de un tribunal que no se creó ex profeso y que podría generar algunos amparos por interpretaciones simples.
El senador del PAN, Ernesto Cordero Arroyo, dijo a esta agencia de noticias que la suerte del Sistema Anticorrupción en realidad tiene que ver con el cumplimiento de las leyes, pues antes existen legislaciones que castigaban la corrupción, el problema fue que nunca se aplicaron.
“Ahora tenemos un sistema que va a costar mucho dinero, donde todo mundo participó, pero si no se vuelven a aplicar las leyes entonces no servirá”, alertó en entrevista.
El senador Miguel Romo Medina también salió en defensa de su partido y negó que la falta de nombramiento de un Fiscal Anticorrupción sea responsabilidad del PRI.
“Somos los que estamos pidiendo que se convoque a la reunión de la Jucopo, para que haya un acuerdo entre todos los grupos. El PRI no es mayoría, por lo tanto se necesitan más votos de los del PRI y del Verde, para poder lograr una mayoría”, discrepó sobre el tema.
No obstante, el priista confió que el SNA sin Fiscal puede funcionar perfectamente, porque finalmente no es una institución, ni una acción original.
Justificó que hay instituciones como la propia Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación las cuales tienen funciones de detenciones para combatir la corrupción.