Hasta Washington llega denuncia por abuso sexual en club Pachuca

PACHUCA, Hgo., 27 de junio de 2017.- Al considerar que han sido violados los derechos humanos del menor y de su familia, al negársele el acceso a la justicia en Hidalgo, el abogado Julio Gálvez presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C., una petición en contra del Gobierno de México, por el caso de la violación sexual de la que fue víctima un niño, por parte de un entrenador de las fuerzas básicas del Club de Futbol de los Tuzos del Pachuca.

El asunto fue denunciado públicamente en el mes de noviembre por la médico Carina Oropeza, madre del menor de 6 años de edad, quien dio inicio a la carpeta de investigación Número Único de Caso NUC-1246-124-2016 ante el agente del ministerio público en Actopan, donde se acusó al entrenador de los tuzos, quién fue detenido días después.

Sin embargo al paso de los meses, la defensa de la parte afectada denunció que pese a las pruebas periciales que se recabaron y la imputación directa por parte del menor, quien reveló que la conducta del entrenador se repetía de manera sistemática en los baños de la institución, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo actuaba de manera omisa.

Se acusó a la PGJEH de evasivas, eliminación de pruebas y reorientación del delito, para que en vez de seguirse la investigación por violación equiparada agravada, fuera por abuso sexual, lo que permitía que el entrenador Luis Ángel S. B. no fuera vinculado a proceso con una prisión preventiva de manera oficiosa.

Siete meses después, el asunto ha sido puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante la cual se entregó hoy, copia del expediente y las consideraciones de que posiblemente hayan sido alterados los dictámenes médicos de los peritos de la PGJEH y otras pruebas para que fuera desvirtuado el delito de violación por el de abuso sexual que contempla penas más leves.

Los abogados consideran que al menor se le causan daños irreparables y lo dejan en estado de vulnerabilidad e indefensión ante la incapacidad del estado mexicano para impartir justicia, reparar el daño, proteger los derechos de los menores y castigar a los presuntos responsables.