Desapariciones forzadas tampoco se olvidan

Morelia, Mich., 10 de mayo.- Si hay algún asunto penoso, triste e impune es el que tiene que ver con las desapariciones forzadas. No puede haber mayor desgracia de no saber  qué fue de nuestro padre, hermano, hijo o cualquier otro ser cercano. Tampoco hay mayor impotencia la de saber que los responsables de estos actos criminales han vivido como si nada hubiera sucedido.

Este 10 de mayo, cerca de un centenar de personas, la mayoría madres de familia, marcharon del  estadio Venustiano Carranza a Palacio de Gobierno para exigir la aparición con vida de unos 300 desaparecidos en más de cuatro décadas. “No nos cansaremos de exigir que se haga justicia, porque cada Día de las Madres se revive el dolor de no saber qué pasó con nuestros hijos, esposos, sobrinos…”, indicó una de las manifestantes.

Fue después de las 13 horas cuando inició la marcha que reclamó nuevamente el hecho de que se no ha hecho justicia,  de que no haya pasado nada, del olvido de cada una de las desapariciones forzadas en las que estuvieron involucrados elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

En la década de los 70, cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz fueron desaparecidos en el municipio de Zacapu, en tiempo de las guerrillas. Los manifestantes realizaron una parada fuera de las instalaciones de la 21 Zona Militar.

Hay autoridades que han tratado de criminalizar a las víctimas y a ellas mismas. “Pero no nos van a callar, les decimos a quienes gobiernan que estamos indignadas, ofendidas, lastimadas, pero no pararemos hasta encontrarlos, no importa cómo”, indicó Mercedes Ruiz, madre de Alejandro Ortiz Ruiz quien desapareció el 29 de noviembre de 2010, iba acompañada de su socia Vianey Heredia, y la última vez que se les vio fue en el tramo carretero Lázaro Cárdenas-Apátzingán.

Bertha Corona Banderas, madre de Patricio, quien desapareció junto con sus tíos Simón, Rigoberto y otro amigo de ellos no identificado, en un retén de la policía municipal  cerca de la cabecera municipal de Turicato, el 23 de septiembre de 2009. Supieron que fue en ese lugar porque un familiar de ellos pasó minutos después, a quien solo lo despojaron de su celular, “pero no le hicieron nada porque llevaba un niño de cinco años, eso creemos”.

Tania, quien desapareció de Caleta de Campos, municipio de Lázaro Cárdenas el 11 de julio de 2012, iba acompañada de su padre biológico, quien tenía poco de haber llegado de Estados Unidos. Solo se sabe que fue desaparecida por  policías municipales e integrantes de la delincuencia. Fue desplazada y no tiene lugar fijo donde vivir, no puede decir mucho, tiene un hijo en prisión y está bajo amenaza.

Laura Orozco también está en la lucha de Familiares Caminando por Justicia porque su padre Leonel y su hermano (del mismo nombre) de 17 años, fueron desaparecidos, el primero en 2008, y el segundo en abril de 2009.  A pesar de haber pagado rescate, por cada uno de ellos, no los volvieron a ver. Todo tuvo que ver con el despojo de huertas de aguacate, y los responsables fueron autoridades federales. Hace apenas unos meses otro de sus hermanos fue víctima de un atentado, y a la fecha no ha logrado recuperarse de las lesiones de arma de fuego.

De las aproximadamente 300 desapariciones, 51 son consideradas forzadas porque participaron elementos de seguridad municipal, del estado y la federación, según la organización defensora de derechos humanos Alzando Voces. El tiempo pasa y las personas cercanas a los desaparecidos siguen luchando para saber qué fue de sus familiares, sin embargo, por alguna razón, las autoridades han optado por guardar silencio.