¡El crimen atrapó al estado en Guerrero!

         La ingobernabilidad que hoy vive el estado de Guerrero es el mejor ejemplo de la claudicación del Estado frente al crimen organizado.

         Y es que en Guerrero las bandas criminales controlan la política, los partidos, los gobiernos municipales y el gobierno estatal, además de todos los rubros de la economía local.

         Por ejemplo, la distribución y venta de carne de pollo y de res está en manos del crimen organizado; lo mismo que la producción y comercialización de tortillas, pan, verduras, abarrotes, cerveza y la explotación mineral y maderera. Hoy la pelea es por el transporte público; batalla que ha cobrado decenas de vidas.

         Dicho de otro modo, vivir hoy en cualquier rincón de estado de Guerrero es vivir en un territorio controlado por las distintas bandas criminales que se disputan no solo la venta de droga, sino el control total de la economía del estado y de sus municipios, además de que las mafias criminales atrapan día a día nuevos espacios de poder; en el Congreso local, en alcaldías, cuerpos policiacos y estructuras del gobierno estatal.

         Por eso, apenas en días pasados, el Ejército y la Guardia Nacional recibieron la orden de salir del estado de Guerrero, a pesar de que la violencia va en aumento y que, por ejemplo, en los últimos días han sido asesinados decenas de choferes y concesionarios del transporte público, en la más reciente y mortífera disputa entre particulares y criminales.

         Pero el asalto al poder político, por parte de las bandas criminales viene de lejos en Guerrero. La actual crisis empezó con la llegada a la alcaldía de Acapulco, del impresentable Félix Salgado Macedonio, en 2005.   

         Resulta que el “diputado costales” –como motejaron por años Salgado Macedonio–, se vinculó al grupo criminal de los Beltrán Leyva; mafia que controlaba la “plaza” de Nayarit. A los pocos meses de haber asumido la alcaldía, Salgado entregó Acapulco a ese grupo criminal, a cambio de financiar el activismo político de López Obrador.

         Para 2012 y luego de un intenso activismo de “operadoras” leales a López Obrador –como Delfina Gómez y Citlali Ibáñez, alias Yeidckol Polevnsky–, las bandas criminales que operaban en Guerrero empezaron a comprar candidaturas a distintos puestos de elección popular.

Aquí documenté, por ejemplo, que las señoras Delfina y Citlali pactaron con Lázaro Mazón y José Luis Abarca la entrega de “dinero negro” a cambio de la candidatura a la alcaldía de Iguala; dinero procedente del crupo criminal Guerreros Unidos, los mismos matarifes que desaparecieron a “los 43”.

Y si aún lo dudan, en El Rey del Cash, Elena Chavez confirma lo que aquí documenté desde 2012, sobre el financiamiento del activismo político de Obrador a partir del dinero del narcotráfico.

Así lo dijo: “En una ocasión César (Yáñez) llegó a casa después de haber estado en Iguala. En la maleta siempre traía de regreso un montón de papelitos que la gente le daba al candidato… Cuando abrí la maleta para sacar la ropa sucia cayeron al piso varios papeles con peticiones, entre ellos un escrito a mano de una persona que advertía a López Obrador sobre las relaciones peligrosas del presidente municipal de Iguala; le aseguraba que Abarca tenía trato con narcotraficantes y juntos estaban gobernando…

“Y Los Chuchos, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, cuándo dirán la verdad? ¿Cuánto dinero recibieron de Abarca para las candidaturas? Aún hay mucho que responder. ¿Por qué nunca dijeron que José Luis Abarca, siendo presidente municipal de Iguala, le entregaba efectivo a César Yáñez, quien durante esa terrible época fungía como delegado federal en Acapulco para los eventos del entonces candidato presidencial?”. (FIN DE LA CITA)

         El resto de la historia todos la conocen; el crimen de “Los 43” fue una de las herramientas políticas que hicieron presidente a López, a pesar de que sus aliados en Iguala son los responsables del crimen contra los estudiantes.

         Pero la gota que derramó el vaso fue la llegada de Féliz Salgado Macedonio –un probado depredador sexual–, al poder estatal de Guerrero, quien comparte el gobierno de esa entidad no solo con su hija –la gobernadora formal, de nombre, Evelyn Salgado–, sino con las bandas criminales locales y foráneas que, a su vez, son aliadas del presidente López Obrador.

         Por eso, porque el verdadero poder político del estado de Guerrero está en manos del crimen organizado, no cesan las ejecusiones, extorsiones y la disputa por el control político y económico de la entidad.

         La pelea, sin embargo, apenas empieza. Y es que la verdadera novedad es la participación de las bandas criminales en la disputa por la candidatura presidencial al interior del “narco-partido” Morena.

         También por esa razón, en Guerrero se han intensificado los crismenes políticos vinculados a los presidenciables de Morena y, en el extremo, las balas han llegado al primer círculo familiar de la gobernadora.

         Y es que Guerrero, igual que Morelos, Michoacán, Zacatecas y muchas otras entidades, hoy no solo son gobiernos estatales fallidos sino perfectos “narco-estados”, en donde el mandón es el crimen organizado.

         Y por eso la pregunta obligada: ¿Hasta cuando?

         Al tiempo.