El despojo de la vivienda de los adultos mayores 

Hay delitos que lastiman el patrimonio y hay delitos que, además, lastiman la tranquilidad, la historia y la dignidad de las familias: el despojo de viviendas pertenece a esta segunda categoría, y cuando se trata de personas de la tercera edad, debemos expresar nuestro mayor repudio.

No se trata solamente de la pérdida de un inmueble; significa, para muchas personas, ver cómo el esfuerzo de toda una vida puede ser arrebatado mediante la violencia, el engaño, documentos falsificados, suplantación de identidad o la acción coordinada de notarios sin escrúpulos y de grupos que han convertido la propiedad ajena en un negocio criminal.

La dimensión del problema obliga a encender las alertas, particularmente en la Ciudad de México y el Estado de México. En territorio mexiquense, la Fiscalía General de Justicia tiene identificadas al menos diez organizaciones que, bajo la apariencia de sindicatos u organizaciones sociales, se dedican al despojo de inmuebles de adultos mayores. Tan sólo durante 2025 se abrieron 5 mil 594 expedientes por este delito; de ellos, las autoridades han logrado recuperar 2 mil 307 casas y predios y restituir mil 452 a sus legítimos propietarios.

Estas cifras no describen un problema marginal; revelan la existencia de estructuras capaces de apropiarse ilegalmente del patrimonio de particulares y, en algunos casos, de operar mediante redes con colusión política que combinan presión física, intermediación jurídica irregular, falsificación documental y complicidades institucionales. Cuando un grupo puede identificar un inmueble -que en la mayoría de los casos es propiedad de personas mayores-, ocuparlo, impedir el acceso de su propietario y posteriormente intentar dar apariencia de legalidad a esa ocupación, ya no estamos frente a un simple conflicto entre particulares: estamos ante una modalidad de criminalidad patrimonial que debe ser combatida con inteligencia y firmeza.

El gobierno de Clara Brugada ha reconocido la gravedad del fenómeno y ha construido una estrategia específica contra el despojo. En agosto de este año presentó ocho nuevas acciones para fortalecer la protección del patrimonio familiar, acelerar la restitución de inmuebles y cerrar espacios a las redes dedicadas a este ilícito. La estrategia incluye medidas de regularización y escrituración, mecanismos de defensa jurídica y una mayor coordinación entre las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar el delito.

El mensaje político es correcto: no puede normalizarse que las personas, y en particular los adultos mayores, tengan que defender, frente a una organización criminal, la casa que legalmente y legítimamente les pertenece. La propiedad privada, la posesión legítima y el patrimonio familiar requieren la protección efectiva del Estado, y no únicamente la posibilidad abstracta de acudir a un tribunal después de haber sido despojado y sufrir la lentitud de los procedimientos judiciales.

Por eso resulta especialmente importante ponderar la actuación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch. La aportación de la SSPC no consiste en sustituir las competencias de las fiscalías locales, sino en incorporar inteligencia, coordinación federal y capacidad operativa cuando el despojo forma parte de estructuras criminales de mayor dimensión.

El ejemplo es revelador: en abril de 2026, autoridades federales detuvieron en Nayarit y Jalisco a dos operadores de una organización criminal con presencia nacional y vínculos transnacionales. La investigación estableció que esa estructura obtenía recursos mediante diversas actividades ilícitas, entre ellas el despojo de propiedades y la extorsión. Además, uno de los detenidos era señalado como operador financiero encargado de lavar recursos y utilizarlos para adquirir armamento, aeronaves, ranchos y propiedades, incluso mediante familiares, socios y empresas fachada.

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