En Contexto

Torcer la ley para negar el progreso

Cualquiera que se haya acercado a la información hacendaria de México sabe que el manejo del presupuesto federal tiene diversos mecanismos de control, establecidos democráticamente a lo largo de 4 décadas para evitar que el Presidente de la república en turno tenga la tentación de disponer de los recursos públicos para las obras o los planes de su antojo.

Aún así, la iniciativa con Proyecto de Decreto presentado el 23 de abril con el que se pretenden adicionar diversas disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), puede abrir la posibilidades para otorgar “manos libres” en materia presupuestal y de gasto al presidente López Obrador.

Y todavía más, sin contrapesos o restricciones, solo necesitaría esbozar una emergencia.

Con una Congreso en donde los partidos de oposición mantienen una presencia fantasmal y que además han sido dominados por los legisladores de Morena junto con sus rémoras políticas, no hay temor a dudas de que el jefe del Ejecutivo Federal puede asumir, de cara a la emergencia sanitaria actual o futura, el control absoluto del presupuesto de la nación.

Veamos si no es para preocuparnos.

La iniciativa propone conceder facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que (más que antes) depende directamente del Presidente de la república, para reorientar sin restricciones el Presupuesto de Egresos cuando se presenten emergencias económicas, con la intención de que los recursos sean para 1) destinarlos a proyectos y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal (APF); 2) fomentar la actividad económica; 3) atender emergencias de salud, y 4) programas en beneficio de la sociedad.

Como se observa, en el marco de la emergencia que, por cierto, no se define si es la actual o las que puedan presentarse en lo sucesivo, los recursos presupuestales dejan de tener una orientación nacional y democrática, además de que las prioridades de su uso y destino pueden ser caprichosamente colocados.

Sin entrar en los detalles de la propuesta presidencial que será analizada próximamente por la Cámara de Diputados es malosa por donde se le vea y los expertos constitucionalistas seguramente la declararán cuando menos inconstitucional.

A finales del siglo pasado, el fiscalista Roberto Hoyo D’Addonna se desvivía por hacer entender a secretarios, subsecretarios, directores y demás funcionarios de Hacienda que en materia de gasto público siempre debe prevalecer el control y la transparencia, porque cuando “se tuerce la ley para favorecer los caprichos de un presidente es como otorgar una chequera con fondos a una compradora compulsiva, y la cuenta siempre la paga una familia en ruinas y dividida”.

Aún bajo la incertidumbre actual, agravada por la indisposición del gobierno federal para establecer un programa estructurado de recuperación económica poscoronavirus, no hay motivos para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En su estructura actual contempla hacer compensaciones para mantener la relación de ingresos y gastos, además de que señala las partidas en las cuales se deben llevar a cabo los ajustes en los gastos de comunicación social; gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población; gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias, y ahorros y economías presupuestarios, pero también contempla el supuesto de que si con eso no alcanza, se puedan hacer ajustes en otros conceptos perfectamente delimitados.

A diferencia de lo que ahora se pretende, la Ley Federal de Presupuesto es un contrapeso de los poderes Legislativo y Judicial a las ambiciones del Ejecutivo.

Un par de datos para estar pendientes de lo que pueda decidir la mayoría legislativa: Primero, esta ley se empezó a construir luego de 80 años de gobiernos priistas, aunque sus antecedentes vienen desde el siglo XIX para ser promulgada en 2006 y debido a que antes de ese año México no disponía de reglas claras y ordenadas, lo que favoreció el veto constitucional en el Presupuesto de Egresos de 2005, cuyas consecuencias aún no resuelve la Suprema Corte.

Segundo, a lo largo de estos 14 años, el país no ha logrado fortalecer y transparentar el sistema presupuestal. Su manejo mantiene áreas oscuras, mantiene una fuerte carga discrecional y partidista, muy lejos aún de las más elementales exigencias democráticas.

Pretender el manejo del gasto público con leyes a modo y sin contrapesos, más que un golpe de poder como se comenta en letras amarillas es, en realidad, una burla que ensaya el retroceso histórico de México no de 40 años como algunos dicen, sino para regresar al siglo XIX pero en un entorno de globalización.

@lusacevedop