En Contexto

Reactivación, ni con esquemas neoliberales

Cada vez es más claro que la ruta para la recuperación económica derivada de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus se llevará a cabo con algunas de las acciones previstas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), por nombrar a los más representativos del neoliberalismo.

Se actuará, al pie de la letra con la recomendación de transferir recursos públicos de manera directa a los sectores más vulnerables y a las familias de más bajos recursos, además de otorgar créditos a muy bajo costo a las microempresas, tanto formales como informales.

De esa manera se garantiza, por una parte, que la economía cuente con liquidez suficiente para impulsar el consumo entre los segmentos sociales más afectados por la cuarentena y, por otro lado, se reconfigura la percepción política de que la prioridad del régimen es el combate a la pobreza.

A partir de ahí, la generación de empleo se presenta como el esfuerzo nacional que garantizará el bienestar de las familias con lo que se justificará destinar parte de la hacienda nacional para obras como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía o las refinerías, especialmente la de Dos Bocas en lugar de promover inversiones verdes que son altamente redituables para la federación.

Esas obras de infraestructura, aunque demandarán grandes cantidades de mano de obra en el corto plazo, no serán remunerativas ni detonarán el desarrollo socioeconómico que se anuncia, al contrario.

Para el gobierno del presidente López Obrador, con eso es suficiente para retomar el tiempo perdido por la pandemia y sin considerar que la crisis le abre la oportunidad de construir un proyecto de unidad nacional en el que se integrarían todos los sectores productivos de manera natural y sin reparos, debido al nivel de deterioro en el que se encuentra la estructura económica de México y el mundo por la suspensión de actividades.

De nueva cuenta rechazó el llamado empresarial que, como pocas veces en la historia reciente del país, le pidió respaldo financiero y moral para recuperar la dinámica económica en el tiempo más breve posible y con las afectaciones más bajas del caso.

La respuesta, entendible y sensata, es que la iniciativa privada tendrá que rascarse con sus propias uñas y si hay alguna quiebra será el empresario, sus socios o los accionistas los que asuman la responsabilidad.

También es claro que el gobierno no recurrirá al endeudamiento para que la reanudación de actividades sea más rápida y profunda, pero no contempló o no es capaz de razonar que este gobierno ha incurrido en diversas operaciones crediticias costosas y que será un proceso inevitable.

Pero, hay varios peros. Disponer en medio de la crisis de un nivel inflacionario excepcionalmente bajo, no es garantía de que las finanzas públicas estén saludables, como lo prueba la colocación de 6 mil millones de dólares en el mercado internacional que hizo la Secretaría de Hacienda hace un mes a una tasa similar a la que hizo Paraguay, un país que a diferencia de México no tiene grado de inversión.

Las previsiones económicas son preocupantes: del nivel de -6.6 por ciento prevista por el FMI en abril, anticipará un desplome más profundo luego de que se reportará la caída de -1.6 por ciento en el primer trimestre del año y después del verano se podría fijar una tasa negativa entre -7.5 y -8.0 por ciento para 2020.

Ese dato, aunque se le quiera designar con alguna figura espiritual, se expresará en términos de desempleo y pobreza. López Obrador reconoció que 400 mil personas quedaron desempleadas en diciembre de 2019 por efecto del outsourcing, pero como consecuencia del coronavirus ya van más de 500 mil personas que pierden su fuente de trabajo en el mercado formal.

La estrategia de recuperación del gobierno, contra lo que se diga será neoliberal basada en los apoyos a los Adultos Mayores, junto con las Becas y los 2 millones de Créditos a la Palabra por 25 mil pesos pagaderos en 3 años con tres meses de gracia que se entregarán entre microempresas, que representan el 98 por ciento de los establecimientos económicos del país.

Pero también con los 645 mil Créditos Solidarios por 25 mil pesos con tasa de 6 por ciento para microempresas afiliadas al IMSS que no despidieron trabajadores y las 500 mil Tandas para el Bienestar hasta por 6 mil pesos cada una que se destinan para trabajadores informales entre 30 y 67 años, con algún negocio con 6 meses de operación y que se localicen en alguna zona de alta marginación del país.

Veremos que estos programas no serán capaces de domar la recesión económica de México que va a ser muy profunda y que exigirá políticas fiscales (ingresos-gasto), revisar los programas de transferencias directas a los sectores vulnerables, enfrentar la informalidad y fortalecer los programas de garantías para empresas, que exigen examinar los onerosos costos bancarios.

Bajo las condiciones actuales, el panorama social y económico de México no garantiza avanzar en la solución de los problemas de pobreza, desigualdad ni del bienestar.

Eso, sin hablar de los pendientes en materia de seguridad y justicia.

@lusacevedop